Vecinos de la colonia Narvarte Poniente solicitaron la intervención de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia para que investiguen lo que definieron como “corrupción inmobiliaria” en un edificio de ocho niveles, que cuenta con 62 departamentos, ubicado en avenida Cuauhtémoc 590, alcaldía Benito Juárez.
A decir de los residentes, en ese inmueble hay diversas irregularidades en la construcción y hasta en los servicios, como el suministro de agua potable, por lo que también pidieron que acuda el personal del Sistema de Aguas a realizar una inspección.
De acuerdo con los vecinos, que prefirieron omitir sus nombres, la conexión que suministra el agua proviene de una “toma industrial”, lo que posiblemente sea irregular, además de que tampoco cuentan con la certeza de que la empresa inmobiliaria tenga en orden la manifestación de construcción.
Advirtieron que el edificio no cuenta con el aval ni la verificación por parte de un director responsable de obra (DRO), a pesar de que se trata de una construcción reciente.
La tarde del pasado jueves, habitantes de la zona realizaron una protesta frente al inmueble y colocaron una lona en el acceso del estacionamiento de la torre de ocho pisos en la que se leía: “No compres problemas. Class Bienes raíces y República Arquitectos”.
También pegaron en los muros cartelones con la leyenda “clausura ciudadana”, lo cual forma parte del cierre simbólico del complejo, porque de acuerdo con los denunciantes el edificio se construyó sin permisos de la secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda ni del Medio Ambiente, por lo que no se conocen las medidas de impacto ambiental en la zona; tampoco se realizó la información de detalles a los vecinos para la construcción, que se realizó entre 2016 y 2020.
En tanto, que en la calle Heriberto Frías permanecen lonas en diversos domicilios en las que se rechaza al “cártel inmobiliario” y se exige respetar el uso de suelo. Este sábado se realizará una manifestación en la avenida Chapultepec para protestar por desalojos forzados, en contra de la gentrificación y para exigir el derecho a la vivienda.
