La inconformidad por el presunto incumplimiento de la legislación ambiental por parte del gobierno federal en el tramo 5 sur del Tren Maya ya escaló al T-MEC. Seis organizaciones y 19 ciudadanos presentaron una petición de investigación ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con base en el capítulo 24 del tratado, y en 30 días como máximo definirá si cumple con los requisitos para ser admitida y si amerita una respuesta de México, informó el citado organismo.

Indicó que las organizaciones Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, Red de Capacitadores Socio Ambientales, Selvame del Tren, Cenotes Urbanos y 19 personas presentaron la petición bajo el argumento de que “México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados” al proyecto en el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.

Si el secretariado de la CCA determina que la petición satisface los requisitos se elabora un expediente de hechos.

El desacato se penaliza con hasta siete años de prisión

En tanto, activistas y expertos que presentaron amparos contra el tramo 5 sur del Tren Maya expusieron que el Poder Judicial determinará lo que corresponde hacer ante “el desacato” de la suspensión definitiva de las obras por parte del gobierno federal, el cual reanudó los trabajos tras catalogar el proyecto como de “seguridad nacional”.

Apuntaron que el desacato puede tener una pena de hasta siete años de prisión. Precisaron que hay siete amparos en el tramo 5 y más de 200 en total contra el proyecto.

En conferencia de prensa señalaron a 15 supuestos autores del “ecocidio que ocasiona el Tren Maya”, entre ellos la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, que tras la devastación de la selva para la obra autorizó la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur, y la titular de la Profepa, Blanca Mendoza, quien ha sido omisa ante denuncias que se han presentado, así como empresarios que pidieron modificar el trazo del ferrocarril.

Respecto al planteamiento que hizo el Presidente en la conferencia matutina acerca de que se quiere investigar “quién es la persona que promovió un amparo para que se detuviera la obra” del tren, el buzo José Urbina manifestó que si el mandatario busca a quienes impulsaron estos recursos jurídicos, él es uno de los ciudadanos que lo hizo, presentó el primer amparo y vive desde hace 11 años en Playa del Carmen.