En los comicios del pasado 5 de junio en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, el PRIAN desplegó con particular intensidad su conocida panoplia de operaciones fraudulentas para desvirtuar la voluntad popular. Hubo compra masiva de votos, amenazas e intimidaciones, represión policial, detenciones y allanamientos en contra de activistas de Morena y agresiones policiales en contra de informadores y observadores electorales, robo de urnas. Sólo en la tercera de esas entidades fue posible neutralizar las elecciones de Estado y el tsunami de votos hizo posible que se reconociera el triunfo de Américo Villarreal, quien será el próximo gobernador tamaulipeco.
El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales (Oples) observaron, dejaron hacer y dejaron pasar las inmundicias y oficializaron resultados adulterados, con lo que exhibieron una vez más su parcialidad en favor de los peores residuos del viejo régimen, particularmente del aún gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien están pendientes varias investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Con la segunda de sus caras, en días pasados el Consejo General del Instituto Nacional Electoral prohibió el 19 de julio que participaran en asambleas informativas de Morena destacadas y destacados funcionarios, representantes populares y dirigentes del partido.
La medida se anunció en un comunicado de prensa vergonzoso que incluye párrafos como este:
“El colegiado también declaró procedente ordenar el retiro de las publicaciones en redes sociales de personas servidores públicos y miembros partidistas de Morena, al considerar, en apariencia del buen derecho, que podría extenderse, difundirse e incrustarse entre la ciudadanía, una posible estrategia partidista, aparentemente ilegal, en menoscabo de derechos fundamentales y de los principios democráticos a los que deben sujetarse los partidos políticos y sus dirigentes” (sic) (https://is.gd/n4OGpq).
Tras un rápido pimponeo, el Tribunal Electoral ratificó las medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Aleida Alavez, Evelyn Salgado y Mario Delgado (https://is.gd/JTSfzB); al INE se le hicieron bolas los datos remitidos por sus espías en el encuentro de Madero, Coahuila, los alegatos sobre si la asistencia o inasistencia de tales y cuales a ese acto justificaba una sanción “por actos anticipados de campaña” y consideraciones jurídicas tan enmarañadas y sesudas como “la imposibilidad de probar hechos futuros”, y la Comisión de Quejas y Denuncias determinó no actualizar “hasta el momento, el peligro inminente de la comisión de actos posiblemente ilícitos”, sacó de la lista de los condenados al silencio a la mayoría de ellos y la redujo a nueve, además de los ya mencionados: la secretaria general, Citlalli Hernández; los gobernadores de Baja California, Marina Ávila; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Manuel Merino, de Tabasco; María Elena Lezama (electa), de Quintana Roo, y Américo Villareal (electo), de Tamaulipas, así como al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y los legisladores Andrea Chávez y Rafael Llergo.
Las 44 páginas del documento correspondiente, firmado por la consejera Adriana Margarita Favela, son un galimatías parchoso que deja ver los cálculos, retrocesos, desacuerdos y extravíos que tienen lugar en las tripas del elefante blanco electoral y los forcejeos entre halcones y palomas (https://is.gd/JTSfzB).
Los tortuosos manoseos de la ley realizados por el INE y el Tribunal Electoral contrastan con la contundencia de los artículos 7 y 9 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión. Sus alegatos no clarifican ni ordenan la vida política del país: la enturbian. Los organismos electorales no sólo son descaradamente parciales, sino que además buscan obstaculizar y distorsionar las nuevas y democráticas formas planteadas por Morena para la selección de sus aspirantes a cargos de representación, empezando por las reuniones en plazas abiertas a la población, con posicionamientos francos y libres y sin exclusiones, conciliábulos ni secretismos.
Desde esta perspectiva, ni el INE ni el tribunal son agentes democratizadores en el México actual; por el contrario, se aferran a la perpetuación de un sistema de partidos cerrado, dominado por una clase política que va de declinante (PAN) a residual (PRD) y que representa, en el mejor de los casos, una simulación de democracia. Lo grave es que ambos organismos poseen, en el marco legal vigente, poderes desmesurados y absurdos, como la facultad de vetar una candidatura, meter mano en estatutos partidistas o de plano imponer y remover dirigencias en las organizaciones partidistas. Y ello muestra la urgencia de renovar tales organismos y el régimen de partidos mediante una reforma que no sea sólo electoral, sino también política.
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