A casi un año de la reforma que prohíbe el outsourcing, en las empresas de seguridad privada persiste la contratación de personal bajo este esquema, denunció Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Señaló que la falta de una ley general en la materia propicia que alrededor de 55 por ciento (3 mil 575) de las 6 mil 500 empresas que el CNSP estima proveen este tipo de servicios, sigan llevando a cabo prácticas de subcontratación, evadan impuestos, operen en la informalidad y ocasionen precariedad laboral para sus empleados.

En entrevista con La Jornada, reconoció que se ha avanzado en el cumplimiento de la reforma para eliminar el outsourcing, pero uno de los problemas en el sector de la seguridad privada es que está “sobrerregulada”, al crearse leyes de carácter “asimétrico” que incluyen lineamientos diferentes entre sí. Es decir, indicó, existe una ley federal, 32 estatales y otras de carácter municipal, principalmente en Guanajuato.

De acuerdo con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), al menos mil 706 empresas de seguridad privada están inscritas en el padrón; cada una tiene razón social en la que se especifica el servicio que otorga. En la plataforma se puede verificar que el contratista sí cuenta con esta disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo para prestar el servicio.

La Secretaría del Trabajo informó en días recientes que realizará “con rigor y responsabilidad” 11 mil inspecciones para verificar que las empresas cumplan con la eliminación de la subcontratación.

En el Programa de Inspección 2022, la dependencia advierte que a partir del análisis de datos y cruce de información del Repse se logró identificar sectores económicos –sin precisar cuáles– en los que “existe un potencial riesgo” de que se siga utilizando el outsourcing.

Las empresas de seguridad generan 1.4 por ciento del producto interno bruto del país, y en ellas se emplean alrededor de 600 mil elementos, la mayoría de ellos sin capacitación ni uniforme; sin respetar sus derechos humanos y laborales, carecen de seguridad social, salario digno y reparto de utilidades, expuso Sapién Santos.

Al primer trimestre del año, 151 mil personas trabajaron de vigilantes, pero en la informalidad con un salario promedio mensual de poco más de 4 mil pesos, según la plataforma Data México de la Secretaría de Economía.

Los guardias que sufren en mayor medida condiciones laborales precarias son los que se emplean en condominios, actos masivos y complejos residenciales, donde no se supervisa si los elementos cuentan con capacitación y si las empresas operan en la legalidad.

Prueba de ello, dijo, son los hechos ocurridos en el estadio de Querétaro, donde tres horas antes contrataron vigilancia, “sin verificar la capacitación, sólo solicitaron la identificación INE y no tener antecedentes penales; hubo una clara negligencia de la empresa de seguridad”.