El gobierno de Luis Echeverría veía el proyecto Nueva Universidad y sus primeros logros como una amenaza. No solamente significaba una reforma universitaria de fondo, sino que había concitado la participación de sectores de jóvenes políticamente activos formados en la experiencia del entonces muy reciente movimiento de 1968.

Contrarrestar esa reforma implicaba deshacerse de González Casanova e impulsar un proyecto alternativo. Este proyecto alternativo fue elaborado por la SEP, junto con algunos académicos de la propia UNAM y presentado como “proyecto de la Anuies”. Aunado a la “reforma educativa” de Echeverría para la educación básica, este proyecto de la SEP para la educación media superior y superior se concretó en la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres.

El proyecto del gobierno de Echeverría para la educación superior era, en esencia, casi en su totalidad, lo opuesto al proyecto de la Nueva Universidad. El proyecto del gobierno de Echeverría tenía un doble propósito: académico-modernizador y político-policiaco. Se proponía ampliar la matrícula del bachillerato, pero hacer de éste un “ciclo terminal”; también pretendía, mediante la reforma al bachillerato, controlar y restringir el acceso a la educación superior. Para esto una medida concreta era separar de las universidades e instituciones de educación superior todos los bachilleratos, incluyendo a los de la UNAM y el IPN.

“El hecho de que la educación media –decía el documento de la SEP– esté integrada a las universidades, origina la tendencia entre casi todos los alumnos de continuar hacia las licenciaturas, e impide concebir al ciclo (del bachillerato) como un fin en sí mismo.” Con la creación del Colegio de Bachilleres se buscaría “dar independencia y separar institucionalmente a la educación media superior de la superior […] y regular el crecimiento de la UNAM, el IPN, la Universidad de Guadalajara y otras”.

El documento hacía explícitos sus propósitos políticos. Con esto se lograría “evitar problemas políticos y sociales […] se detendría el crecimiento desmesurado de otras instituciones… las universidades podrían ser más selectivas […] y se permitiría la participación directa de la iniciativa privada en la educación”.

Con el propósito de combatir el activismo de los universitarios, el proyecto de la SEP implicaba varias medidas: constituir unidades universitarias de dimensión reducida que permitiera una mayor control, restringir incluso el acceso físico a los planteles mediante bardas y enrejados adecuados (el campus abierto de la Ciudad Universitaria lo juzgaban indeseable). También con propósitos políticos, los cursos se organizarían en trimestres de manera que se evitaría la consolidación de grupos de estudiantes que convivieran durante más tiempo.

Todas estas medidas se especificaban en un documento confidencial cuya autenticidad podría ser cuestionada. Pero el documento presentado más tarde por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y aprobado por el gobierno de Echeverría recogía puntualmente las políticas ahí definidas. Las acciones posteriores de la SEP, de Anuies y de la UNAM coinciden con dichas políticas.

El documento recomendaba “adoptar medidas enérgicas… actuar con energía, celeridad y objetividad”. Y actuaron con celeridad, en septiembre de 1973 se puso en marcha el Colegio de Bachilleres. Con este motivo, el director general de la nueva institución dio una conferencia de prensa, en la cual dijo, entre otras cosas, que este colegio, directamente dependiente de la SEP, iría “incorporando a su control y a sus sistemas, poco a poco, a todas las escuelas preparatorias de las universidades y del Politécnico, de instituciones particulares, a efecto de cumplimentar los acuerdos, fines y metas que hicieron surgir a esa institución. Esta institución manejará toda la educación media superior de todo el país”.

Ninguna autoridad, ni de la SEP, ni de la UNAM o el Politécnico desmintió al funcionario, ni hizo el menor comentario. En realidad, desde tiempo atrás, las autoridades de la UNAM, encabezadas por el doctor Soberón, estaban ya comprometidas con este proyecto de la SEP. En abril de 1973 se suspendió la construcción de ampliaciones de los edificios de los planteles de la unidad del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Grupos importantes de estudiantes y maestros del CCH se preocuparon por esta situación y organizaron reuniones, mítines y asambleas con la exigencia de que se continuaran las obras. Semanas después dichas obras continuaron, sin mayor explicación.

El siguiente testimonio personal me parece indispensable. Preocupada por esta situación, una comisión de profesores y estudiantes se presentó en la coordinación general del CCH y anunció que en una asamblea se había acordado presionar para que las obras continuaran. Era yo entonces coordinador general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Me dirigí a la rectoría para saber que ocurría y me indicaron que hablara con el director general de Planeación de la universidad, Enrique Velazco Ibarra, quien, palabras más o menos, me dijo: “Mira, ve que se apacigüe ese alboroto, todo esto se va acabar, todos los bachilleratos del país van a ser parte de un nuevo organismo dependiente de la SEP”. Esto ocurrió meses antes de que la SEP hiciera pública su intención de crear al Colegio de Bachilleres. Finalmente, continuaron las construcciones en proceso, pero ahí se detuvo el desarrollo del CCH.