Ciudad de México. Los activistas y expertos que se han amparado contra el tramo 5 sur del Tren Maya, en Quintana Roo, dijeron que el Poder Judicial determinará lo que corresponde hacer ante el desacato de la suspensión definitiva de las obras por parte del gobierno federal, así como definir las responsabilidades, aunque el desacato puede tener una pena de hasta 7 años de prisión.

Precisaron que hay siete amparos en el tramo 5 y más de 200 en total contra el proyecto, y advirtieron que el mayor riesgo de daños ambientales están en los tramos 6 y 7 que incidirán en la reserva de la biosfera Calakmul.

En conferencia de prensa señalaron a 15 autores del ecodicio que ocasiona el Tren Maya, entre ellos la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, que autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, o la titular de la Profepa, Blanca Mendoza, que ha sido omisa ante denuncias que se han presentado, así como empresarios que pidieron modificar el trazo del tren.

En relación con el planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina acerca de que se “quiere investigar quién es la persona que promovió un amparo para que se detuviera la obra” del Tren Maya, el buzo José Urbina, dijo que si el mandatario busca a quienes impulsaron estos recursos jurídicos, él es uno de los ciudadanos que lo hizo y que vive desde hace once años en Playa del Carmen.

En conferencia de prensa, los ambientalistas sostuvieron que el Tren Maya pone en riesgo a miles de especies y flora nativa, “vulnera la reserva de agua más importante de la región, deforesta miles de árboles, amenaza el patrimonio biocultural de México, incumple la Ley General de Equilibrio Ecológico, en plena crisis hídrica y climática global, y además, lo más grave, que hayan reactivado los trabajos del tramo 5 declarando que es una obra de seguridad nacional”.