La Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió sendas recomendaciones al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, y a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.

En el primer caso, el instrumento se emitió por violación al derecho a la salud, en agravio de internos de cinco Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), y el segundo por violaciones a la igualdad y no discriminación laboral en contra de una trabajadora.

En la recomendación 129/2022, dirigida al órgano de prevención, la CNDH expuso que constató que en los Ceferesos ubicados en Hermosillo, Sonora; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Villa Comaltitlán, Chiapas, y Ramos Arizpe, Coahuila, así como el femenil de Coatlán del Río, Morelos, se carece de atención médica y tratamientos, ya que el personal de salud resulta insuficiente, por lo cual también hay dilación en el servicio e incluso negación de éste.

Prisión sin atención siquiátrica

Además de los agravios ya mencionados, en el Cefereso femenil en Morelos no se cuenta con atención ginecológica especializada. En general, falta atención médica de primer, segundo y tercer nivel, así como especializada en el área odontológica, pediátrica y siquiátrica.

Recomendó al órgano de prevención federal que se establezcan y ejecuten acciones para que la plantilla de personal de salud de los Ceferesos sea suficiente.

En cuanto a la recomendación 128/2022, la CNDH expuso que una empleada del SAT, que comenzó a trabajar en esta dependencia en agosto de 2021, presentó una queja luego que pese a contar con más de cinco meses de embarazo, primero fue reasignada a labores de campo, y dos meses después, le notificaron que no le renovarían contrato laboral, sin ofrecerle liquidación y sin que hubiera alguna queja por su desempeño.

“La víctima señaló que la razón de la separación de su cargo se debió a su embarazo. Con su actuación, las personas servidoras públicas involucradas en los hechos configuraron el supuesto de discriminación laboral por embarazo.”.

Solicitó a la dependencia la reparación integral del daño, que incluya la compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas.