Con el voto de Morena y sus aliados, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir públicamente –a partir del martes y durante un mes– las iniciativas de reforma electoral, pero cada uno de los dos bloques en que se divide el recinto legislativo hará sus propios foros.
Morena confirmó su convocatoria a 400 asambleas, de las cuales 300 se realizarán en los 300 distritos electorales y 100 en los municipios más grandes del país; mientras, Va por México (PRI, PAN y PRD) anunció que organizará su propio debate, al que invitará a consejeros y magistrados comiciales para recibir propuestas, y que “no sea una simple discusión política”.
La intención de la bancada mayoritaria es que el parlamento oficial –cuya organización costará 20 millones de pesos– concluya el 25 de agosto, y que la secretaría técnica de la junta y los enlaces de las bancadas presenten un reporte entre el 26 de ese mes y el primero de septiembre.
Morena pretende que las comisiones de Reforma Electoral y de Puntos Constitucionales entreguen un proyecto de dictamen al inicio del periodo ordinario de sesiones, aun cuando PAN, PRI y PRD anunciaron desde junio una “moratoria” contra la iniciativa presidencial de reforma electoral y la pendiente, para anexar la Guardia Nacional al Ejército.
Mientras Morena, PT y PVEM votaron en favor del parlamento abierto, la oposición lo hizo en abstención. Al concluir la reunión de ayer de la junta, el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, explicó que las comisiones tienen 49 iniciativas de reforma en materia comicial, incluidas las entregadas desde la legislatura pasada y la del Presidente.
Un día después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso que si las autoridades electorales lo sancionan, los legisladores desaparecerán al Instituto Nacional Electoral (INE), Mier consideró que la reforma también busca precisar las atribuciones de los consejeros y del Tribunal Electoral para que, “más allá de sus atribuciones, no violenten derechos políticos de los mexicanos, incluidos funcionarios”.
Justificó que, en tanto éstos no utilicen recursos públicos para promocionarse electoralmente, “tienen el derecho a expresar sus aspiraciones”, pero cuando se le recordó que, antes de la consulta de revocación de mandato presidencial, el titular de Gobernación viajó en un avión de la Guardia Nacional, Mier afirmó que “no fue con el propósito” de hacer campaña.
