Habitantes de la comunidad maya de Sitilpech, municipio de Izamal, Yucatán; la asociación Kanan Derechos Humanos y el grupo ecologista Greenpeace pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso que promovieron contra la instalación de una megagranja de 48 mil cerdos en esa población de mil 400 habitantes. Denuncian que esa empresa viola normas ambientales, pues contamina el agua y el aire.

Los afectados se manifestaron ante el máximo tribunal y entregaron un escrito con más de 800 firmas en apoyo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 436/2022.

Aunque los habitantes de Sitilpech obtuvieron una suspensión definitiva contra el proyecto, la empresa promovió un recurso de revisión para intentar revertirla, por lo cual los afectados buscan ahora que la SCJN atraiga el caso y lo resuelva de fondo.

Alejandro Pech, integrante de la comunidad maya afectada, afirmó que la granja genera constantemente malos olores y proliferación de moscas, además de contaminar fuentes de agua para consumo humano y animal.

“El ganado ya no toma esa agua; sólo la huele y se va. Entonces tenemos que traer agua de otros lados. No es justo que venga una granja a posesionarse. Nos está perjudicando mucho”, afirmó.

La granja pertenece a Kekén Grupo Porcícola Mexicano, que tiene diversas instalaciones en la península de Yucatán, lo cual le permite exportar 50 mil cerdos a la semana al mercado estadunidense.

“Queremos dejar en claro que el gobernador Mauricio Vila Dosal tiene una agenda para favorecer a estas empresas porcícolas. Se dan muchos casos en que, por ejemplo, las granjas ya contaminan el suelo y el agua de la comunidad, la gente quiere saber si existen estudios ambientales y en muchos casos las autoridades del gobierno del estado responden que no saben de la existencia de estas granjas o simplemente niegan la información”, denunció Roberto Sánchez, de Kanán Derechos Humanos.