En Querétaro existe “violencia sistemática y estructural” en contra de los ciudadanos que se oponen a la privatización del suministro de agua y defienden sus territorios, aseveraron más de 38 organizaciones ambientalistas.

El 10 de junio el gobierno estatal, encabezado por el panista Mauricio Kuri, “mandó reprimir una concentración pacífica” que exigía la abrogación de la ley “mercantilista” que cede a particulares los servicios de agua potable, aprobada en mayo por el Congreso local, señalaron la Red en Defensa del Agua y la Vida, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Los manifestantes, entre ellos estudiantes, docentes e indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán y Chitejé de Garabato, municipio de Amealco de Bonfil, fueron desalojados por policías antimotines, con saldo de tres detenidos que “estuvieron desaparecidos varias horas e incomunicados”.

Actualmente, dijeron, siguen su proceso en libertad por su presunta responsabilidad en delitos contra la seguridad, el normal funcionamiento de los medios de transporte y de las vías de comunicación.

A las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas “llegaron policías con escudos, cascos y macanas; nos rodearon y golpearon. Me tomaron de pies y manos y sin justificación me privaron de la libertad”, junto con dos personas más, relató Roberto Garrido, estudiante de ciencias ambientales y cambio climático.

Los colectivos exigieron retirar “de manera inmediata” los cargos imputados a los acusados y advirtieron que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado este caso. “Estos hechos no son aislados”, afirmaron.