Luz Raquel Padilla Gutiérrez tuvo que morir por quemaduras causadas por cuatro agresores, quienes le rociaron alcohol y le prendieron fuego, para conseguir la atención de las autoridades de Zapopan y del gobierno de Jalisco, a cargo del emecista Enrique Alfaro, a quienes desde mayo acudió para solicitar protección.

Luz Raquel, de 35 años, madre de un niño de 11 años que padece autismo y epilepsia, denunció ante la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Zapopan que un vecino, identificado como Sergio N, la amenazaba de muerte.

El hombre, quien ayer rindió declaración en calidad de testigo, incluso pintó letreros en paredes del multifamiliar donde ella residía.

El 16 de julio pasado, tres hombres y una mujer, según la versión oficial, atacaron a Luz en un parque ubicado a unas cuadras de su departamento, en la colonia Arcos de Zapopan.

El martes 19 de julio falleció en el Hospital Civil de Guadalajara por la gravedad de sus lesiones, que dañaron 90 por ciento de su cuerpo, informó la fiscalía estatal.

Sin embargo, desde mayo Padilla Gutiérrez publicó en sus redes sociales fotografías que muestran letreros en las escaleras del edificio de departamentos con leyendas como “te vas a morir quemada” o “te voy a matar, Luz”, entre otros.

Incluso la madrugada del 17 de mayo sufrió una agresión con cloro industrial que le causó quemaduras leves.

En esa ocasión señaló en sus redes: “¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia? Mi agresor sigue campante por la ciudad, con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir #auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco”.

Luz obtuvo de la fiscalía una orden de restricción contra Sergio N, pero la autoridad no se aseguró de que recibiera protección.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la amenazaba porque no soportaba los gritos del hijo de ella cuando sufría alguna crisis a causa de sus padecimientos.

La excluyeron del programa Pulso de Vida, acusa ONG

La orden de restricción tenía “vigencia del 9 de mayo al 9 de julio”, declaró el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. Sin embargo, el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, dijo que “las medidas de protección, con independencia de la temporalidad, según la ley deben estar siempre vigentes”.

Por el deceso de Luz Raquel, el gobernador Enrique Alfaro y Juan José Frangie hablaron de hacer justicia y se comprometieron a castigar a los responsables.

Alfaro Ramírez, quien a principio de semana reportó que han disminuido los índices delictivos en la entidad, afirmó ayer que lo sucedido a la joven madre no fue un asunto de inseguridad pública, sino “un acto de brutalidad”.

El edil de Zapopan negó que la víctima hubiera solicitado su integración al programa Pulso de Vida, que consiste en entregar a las mujeres amenazadas un dispositivo electrónico con sistema de localización y botón de pánico, que en caso de emergencia manda una señal al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Estado de Jalisco (C5) para que acuda la patrulla más cercana.

Sin embargo, la asociación Yo Cuido México, a la que Luz pertenecía, contradijo esa versión y señaló, en cambio, que “le negaron ser integrada a dicho programa, por considerar que los amagos que recibía por parte de ‘terceros’ no eran causa suficiente para ser beneficiaria”.

La indignación se extendió y diversas organizaciones condenaron lo ocurrido, en especial por el antecedente de que la víctima solicitó apoyo oficial, y convocaron a sendas manifestaciones en Zapopan, frente a la comisaría municipal, y en la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, este jueves.

“Luz Raquel no es la única madre y cuidadora que ha recibido amenazas asociadas a la discriminación e ignorancia en contra de personas con discapacidad. A lo largo y ancho de la República Mexicana somos muchas las mujeres que hoy levantamos la voz y nos reconocemos en la historia de Luz Raquel”, publicó Yo Cuido México.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que abrió un acta de investigación y emitió medidas cautelares en favor del hijo y otros familiares de la víctima.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron justicia por el asesinato .

Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos exigió que se investigue y sancione a los funcionarios que omitieron brindar protección a la víctima a pesar de que presentó denuncia. “Ellos son responsables penalmente por homicidio culposo en el feminicidio” de la joven, indicó la organización.

La presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, expuso: “El problema de la seguridad en este país es que es reactiva. Reacciona una vez que ya pasan los hechos, una vez que ya es demasiado tarde”.