El gobierno de México recibió la solicitud de consultas de resolución en materia energética bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que interpusieron Washington y Ottawa por presuntas afectaciones derivadas de la política aplicada por las autoridades mexicanas en ese sector.

“El gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas”, dijo la Secretaría de Economía (SE) tras destacar que éstas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias.

Detalló que a partir del 20 de julio los dos socios comerciales tienen un periodo de 75 días para solucionar el desacuerdo.

La SE destacó que es la dependencia de la administración pública federal encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano ante conflictos de esta índole.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, señaló en entrevista que la dependencia analizará el tema y los reclamos hechos por Estados Unidos y Canadá.

“En un plazo de 30 días tendríamos que sentarnos con Estados Unidos a conversar, el plazo previsto para las consultas es de 75 días, pero esto no quiere decir que no pueda extenderse más.”

La SE señaló que si no alcanzan un acuerdo satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos puede solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, dijo a Reuters que esa nación lanzará sus propias consultas con el gobierno mexicano.

Por la noche, la SE informó que recibió la solicitud para el inicio de consultas por parte del gobierno de Canadá con relación a la Ley de la Industria Eléctrica. De esta forma, tanto EU como Canadá pueden convocar a un panel si no hay acuerdo con México.

Solidez

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM consideró que el argumento de México “es fuerte”, pues se basa en el artículo 8.1.2 del T-MEC, en el cual Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en materia de hidrocarburos.

Explicó que Washington convocó a consultas a México bajo el artículo 31.4 del T-MEC, con el argumento del artículo 14.4, que establece un trato similar al inversionista nacional.

También invocaría el artículo 22.6 que se refiere al trato que se otorga a empresas de Estado que afectan a firmas privadas al dar preferencia, como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las enmiendas a la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual “está causando efectos desfavorables” y “daños a las empresas estadunidenses”.

(Con información de Reuters )