El ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, quien estaba acusado por homicidio culposo tras un incidente de tránsito, recobró su libertad al alcanzar un acuerdo reparatorio con los familiares de Estela, a quien atropelló el pasado 27 de enero.

Al terminar la audiencia de continuación para el cumplimiento de la orden de aprehensión, que se prolongó por más de dos horas, sus abogados y la asesoría jurídica de los familiares de la enfermera informaron que llegaron a un acuerdo, pero rechazaron dar a conocer los detalles del mismo.

De esta manera, se declaró la extinción de la acción penal en contra del ex funcionario al haber un sobreseimiento total, señalaron fuentes judiciales consultadas.

Alrededor de las 17:45 horas Rosas Rosas, uno de los hombres más cercanos al ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, abandonó las salas orales del Poder Judicial local en la colonia Doctores para abordar una camioneta y sin hacer declaraciones.

Sus abogados Jorge Fernández y Rodolfo Porras informaron que “se cumplió con la normativa aplicable en su caso, atendiendo las necesidades de las víctimas indirectas y cumpliendo con los deberes de humanidad que nos corresponden a todos”.

Mientras, los asesores jurídicos de su contraparte, Jorge Delfín y Elsy Laines, antes de ingresar a la audiencia, anticiparon que buscarían llegar a ese acuerdo reparatorio.

Por otra parte, un juez de control dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Federico Sarabia, quien se ostenta como sucesor de Guillermo Álvarez en el consejo de administración de la cooperativa La Cruz Azul, por el presunto delito de fraude genérico continuado, luego de que un tribunal colegiado le concedió la protección de la justicia federal.

El órgano jurisdiccional confirmó la resolución del juzgado cuarto de distrito en materia de amparo penal, quien otorgó un recurso debido a que la Fiscalía General de Justicia inició una investigación en su contra sin tener atribuciones para eso.

Los supuestos delitos que se le atribuyen se cometieron en el estado de Hidalgo, por lo que el juez se declaró legalmente incompetente para conocer el caso al darse los hechos fuera de la Ciudad de México.