En La Jornada del lunes 18 de julio, una nota firmada por Israel Dávila, titulada: “Recurre el PRI a la vieja estrategia de dádivas electorales en el Edomex. Diputados reparten materiales y despensas”, el reportero afirma lo siguiente: “A poco menos de un año de que se celebren los comicios para renovar la gubernatura del estado de México, el PRI ha emprendido una operación política a través de sus diputados locales para repartir entre el electorado tinacos, bultos de cemento y otros materiales de construcción, además de un sinfín de despensas, principalmente en poblados rurales o semirrurales del norte, sur y Valle de Toluca”.

Nuevamente el PRI lucra con la pobreza y la necesidad de personas con altos índices de marginalidad. La pregunta obligada: ¿es permisible desplegar dichos apoyos y programas ante un adelantado proceso electoral? ¿Se vale que legisladores participen en estos actos buscando granjear lealtad política a cambio de dádivas? Es evidente la respuesta: ética, jurídica y políticamente es reprobable. Dichas prácticas se remontan a las peores maniobras políticas que el sistema electoral ha pretendido erradicar sin éxito.

En el texto, Maurilio Hernández, morenista, líder del Congreso mexiquense, se pregunta, de dónde provienen dichos recursos, resulta sospechoso, pues gran cantidad de diputados del PRI comenzaron a repartir despensas y materiales de construcción a diestra y siniestra con apoyo presumible del gobierno estatal. “Hay la sospecha de que no se trata de uno, dos o tres diputados, sino de que parece una actividad programada y organizada por todo un grupo parlamentario.”

El artículo 134 de la Constitución mexicana, en sus párrafos séptimo, octavo y último establece los principios básicos sobre el uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental: artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Los partidos son dados a dictar normas en el ámbito electoral que ellos mismos encuentran la forma de burlarlas. Igual que con los actuales actos anticipados de campaña, encuentran fisuras en las leyes para violarlas. Aunque aún no estamos en proceso electoral, ¿es permitido establecer vínculos clientelares con los ciudadanos más pobres? Pareciera que en vísperas y durante los procesos electorales, la clase política priísta se acuerda y atiende con vehemencia a los pobres o desborda celo filantrópico. Así pasó en la campaña electoral de 2017.

Ana Vanessa González Deister, en su ensayo “Pobreza y la compra y coacción del voto”, en el libro El infierno electoral (Grijalbo 2017), llega a la siguiente conclusión: “En la elección de gobernador del estado de México en 2017, ciudadanos y autoridades fuimos testigos del despliegue de actos llevados a cabo por funcionarios federales y estatales, para que el candidato del PRI-PVEM ganara la gubernatura. El objetivo del Partido Revolucionario Institucional y de su líder, el Presidente de la República, fue ganar a toda costa el estado de México en 2017 y para ello, realizaron una serie de actos y prácticas al margen de la ley, entre ellos el uso político de los programas sociales”.

La organización civil, presidida por Clara Jusidman, Inside social, investigó el grado de protección de los programas sociales durante el proceso electoral 2017 en el estado de México. Ahí se reprocha la ausencia de transparencia de los 66 programas sociales estudiados, faltó rigor en la fiscalización y se detecctó una contraloría deficiente. En suma, la nula normativa rigurosa hacía suponer un uso discrecional de los recursos de los programas sociales en 2017. Inside reporta que el Edomex de Eruviel Ávila contaba con un presupuesto anual de 260 mil 318 millones 993 mil 616 pesos, de los cuales 60.5 por ciento estaban destinados al desarrollo social. Por cierto, casi la totalidad de estos cuantiosos recursos se aplicaron durante el primer semestre de aquel año electoral.

El aquel entonces, PRD y PAN denunciaban prácticas desleales que incluían al Presidente de la República, Peña Nieto, entregando obras en diversos rincones del estado. Además, se documentaron más de 100 visitas de funcionarios federales a suelo mexiquense entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Encabezó la lista de mayor número de visitas la secretaria Rosario Robles (Sedatu), en giras en que se hicieron repartos millonarios en especie con tintes electorales: pinta de fachadas, entrega de viviendas y títulos de propiedad, así como apoyos diversos.

Funcionarios federales, en ocasiones acompañados por el entonces gobernador Ávila, repartieron más de 6 mil tarjetas o monederos electrónicos con 2 mil 700 pesos cada una. Los medios, documentaron entonces que el gobernador Ávila entregó más de 9 mil tarjetas Efectiva, cada una cargada con 3 mil pesos. Se entregaron despensas, tinacos, bultos de cemento, entre otros. Se llevaron a cabo rifas, jornadas de salud, jornadas administrativas, ferias de empleo, inauguración de hospitales.

El Congreso local, dominado por el PRI, validó dichas operaciones a todas luces desleales. Las autoridades electorales, principalmente el IEEM, fueron omisas. Ganó el pragmatismo de la cultura política jurásica en la entidad que sostiene que cualquier práctica es válida, llevada a cabo en campaña, aunque se viole la ley. Porque el fin es conseguir o conservar el poder.

¿Por qué repetir vicios? Usar política y electoralmente los programas sociales, de cualquier partido o gobernante, debe ser sancionado con severidad porque se violan derechos y la dignidad de las personas más vulnerables.