El rediseño de los programas de gobierno en la actual administración llevó a que la política social tenga menos peso en los ingresos de la población más pobre, reconoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluso hay una serie de programas y servicios, como las transferencias a adultos mayores y la atención hospitalaria, cuyas primeras beneficiarias son las familias de mayores recursos.

De acuerdo con la dependencia, las transferencias de gobierno–tanto en dinero en efectivo como a través de servicios públicos– pasaron de representar una quinta parte (20.3 por ciento) de los ingresos de 10 por ciento de la población con menores percepciones en 2018, a 7.5 por ciento dos años después, una vez puestos en marcha los cambios en programas sociales promovidos por la actual administración.

Como parte de la evaluación anual que Hacienda hace sobre el efecto redistributivo de la política fiscal, la dependencia reporta que 30 por ciento de la población con menores ingresos vio una caída en sus entradas de recursos vía los programas sociales, mientras el resto de la población –ubicada en ingresos medios y altos– ahora recibe más de la distribución del gasto público.

“En 2020 se observó una reducción respecto de 2018 en la incidencia del gasto en desarrollo social (…) principalmente en los primeros deciles”, reconoce la dependencia en el informe Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogar y personas. Sin embargo, justifica, la información “no es comparable (...) debido al nuevo enfoque de política social puesto en práctica por la actual administración a partir de 2019”.

El análisis presentado por la dependencia se basa en la encuesta de ingreso y gasto que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual divide a los hogares en 10 partes, dependiendo su nivel de sus remuneraciones, llamados deciles. Con base en ella, Hacienda identifica cuánto se cobra de impuestos a cada grupo y cuánto recibe del gasto público.

Menos enfoque en los pobres

“La política fiscal ha tenido un impacto positivo en la distribución del ingreso, al reducir la desigualdad”, concluye la dependencia, la cual, al menos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no presentará una iniciativa de reforma hacendaria, pese a la tendencia de ampliar los impuestos a la población de mayores ingresos y a los sectores económicos que se han beneficiado de la crisis.

Sin matices sobre la restructuración de la política social, las cifras muestran que el gasto público está menos enfocado en la población de menores ingresos. Una parte se debe a que en 2020, con el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, incrementó 9.2 por ciento el gasto en salud, con el objetivo de reforzar la infraestructura hospitalaria, contratar a personal médico y adquirir vacunas.

“El gasto para la atención primaria y hospitalaria se concentra en mayor medida en los hogares de los últimos deciles, situación que contrasta significativamente con la atención por parto y embarazo, para la cual la concentración se ubica principalmente en los primeros cuatro deciles, es decir, en los hogares de menores ingresos”, refiere Hacienda.

El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores exhibió una mayor concentración del gasto en los deciles de ingresos medios e incluso en los altos; 63.3 por ciento de los recursos que implica la política social más amplia de la actual administración van a la mitad de hogares que se encuentran entre los de mayores recursos, exhibe el informe de Hacienda.