Las omisiones del consejo de administración de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y de los directivos de la empresa terminaron en la gestación de una trama de corrupción e irregularidades que dejó daños al erario calculados en más de 12 mil millones de pesos. En sus primeros años, el organismo no tuvo ninguna política interna a fin de prevenir malos manejos y tampoco contaba con procedimientos de sanción.

El consejo, por ley, está encabezado por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, pero según documentos oficiales en su ausencia también fue presidido por funcionarios como el ex subsecretario y hoy gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, o por el abogado general de la dependencia, Francisco Conzuelo Gutiérrez. En cualquier caso, el organismo incumplió con la responsabilidad de vigilar el diseño y ejecución del sistema de control interno institucional, como detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la fiscalización de las cuentas públicas 2019 y 2020, la ASF detectó irregularidades por 12 mil 806 millones 651 mil pesos que no han sido solventadas, de acuerdo con funcionarios involucrados en las investigaciones. Además, encontró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debía evaluar al sistema, pero no lo hizo por dos años consecutivos porque hasta el 31 de diciembre de 2020 Segalmex no tenía autorizada su estructura orgánica.

Ya en 2019, cuando se gestaron las irregularidades por las que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos 22 carpetas de investigación, la ASF había detectado que Segalmex no tenía “mecanismos para evitar actos de corrupción ni procedimientos de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en ellos”, según la auditoría 284-DE.

En 2020, Segalmex tampoco “acreditó contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, ni que hubiera supervisión sobre su aplicación efectiva”, de acuerdo con la auditoría 326-DE.

Nada de vigilancia

Otra omisión de sus directivos fue que por más de dos años no operó el comité de ética y de prevención de conflicto de interés, por lo que en ese periodo no hubo un órgano propio para la gestión de riesgos de corrupción en la empresa.

Esa carencia en Segalmex significó que “no tenía protocolos para gestionar las denuncias por actos contrarios a la ética ni a la integridad, ni acreditó el establecimiento de una función específica de gestión de riesgos de corrupción”, de acuerdo con la ASF.

Documentos oficiales refieren que el comité de ética empezó a trabajar apenas a finales de marzo de 2021, entrado el tercer año de operaciones de Segalmex, y cuando ya se habían consumado irregularidades, como la asignación ilegal de contratos a empresas sin capacidad para cumplir con ellos, desvío de recursos públicos para invertir en la bolsa de valores y compras multimillonarias sin justificación.

No obstante, hasta finales de 2021 “no se identificó evidencia documental que acredite la articulación de un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción que considere como mínimo la capacitación continua del personal, la difusión adecuada de los códigos de ética y de conducta, el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad”, de acuerdo con la ASF.

Tales fueron los espacios para facilitar la corrupción que en 2019 y 2020 el auditor independiente encargado de revisar los estados financieros de Segalmex se negó a emitir una opinión, pues no obtuvo “evidencias de auditoría que proporcionen una base suficiente y adecuada en los rubros de inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, proveedores, ingresos y gastos, entre otros”.

La gestión de Ovalle

Desde su fundación en enero de 2019, y hasta abril de 2022, Segalmex estuvo encabezada por Ignacio Ovalle Fernández junto con un equipo de viejos colaboradores de la época en que fue director de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) entre 1988 y 1990 y del Instituto Nacional Indigenista (INI), de 1977 a 1982.

El papel del consejo de administración en las irregularidades no se limitó sólo a omisiones. Este órgano fue responsable de la designación, a propuesta de Ovalle, de René Gavira Segreste como director de administración y finanzas de Segalmex, uno de los presuntos responsables de la firma y adjudicación ilegal de múltiples contratos millonarios.

Entre los funcionarios propuestos por Ovalle y nombrados por el consejo que han sido señalados por presuntos actos de corrupción, están Bernardo Fernández Sánchez, director de operaciones de Liconsa; Manuel Lozano, director comercial de Segalmex, y Carlos Antonio Dávila Amerena, director de asuntos jurídicos de Liconsa. En enero pasado el gobierno federal los destituyó y denunció ante la FGR.

Otros directivos cercanos a Ovalle eran el director del programa de precios de garantía, Miguel Carrillo Villarreal, que también estuvo a cargo de bodegas rurales Conasupo entre 1988 y 1995; el jefe de operaciones de Diconsa cuando Ovalle dirigió la Conasupo, José Fernando Peón Escalante; Armando Alfaro Monroy, prosecretario del consejo de administración, ex jefe del departamento jurídico del INI y ex director de la misma área de Diconsa.

Hasta ahora, el único imputado por la FGR es Gavira Segreste, acusado por “invertir” en valores privados más de 850 millones de pesos de Liconsa, pero se le identifica como una pieza central de la trama de corrupción.

En su carta de renuncia en junio de 2020, Ovalle no hizo referencia a ninguna irregularidad por las que ha sido denunciado, argumentó que dejaba la empresa para “emprender un proyecto familiar que con anterioridad había yo planeado en compañía de mis dos hijos”, según la misiva obtenida vía transparencia.