Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que el problema de la aplicación en México del protocolo de Estambul, diseñado para indagar posibles caso de tortura, no se debe a un diseño de este instrumento, sino al personal que lo aplica en el país.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, explicó que el protocolo es una herramienta valiosa, pero ha servido como elemento absoluto de prueba para confirmar tortura. Además, quienes lo aplican son peritos de las fiscalías, “que no son idóneos ni independientes, porque lo que hacen es proteger a los torturadores, que son sus mismos compañeros o colegas de trabajo”.
En tanto, Fernando Valadez, presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), coincidió en que uno de los principales problemas es que el personal que lo aplica es parte de las instancias señaladas por tortura, por lo que es necesario que se acepte la participación de peritajes independientes.
Luego de que Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló en entrevista con La Jornada que el protocolo ha servido para exonerar a las autoridades de posibles acusaciones de tortura, Gutiérrez agregó que en el país “se ha pervertido (el protocolo), como todo lo que se hace en materia judicial”.
Consideró que en muchos de los casos hay elementos claros para que un juez acepte que hay condiciones de tortura, como pruebas físicas evidentes de golpes, por lo que es necesario, en vez de recurrir de manera sistemática al protocolo, “creer en el testimonio de la víctima”.
Se requiere también la presencia de peritos independientes, pero “que no cobren altas sumas”, porque “se ha convertido en un gran negocio en el que las personas pobres no tienen capacidad para un peritaje de este tipo”.
Por su parte, el presidente del CCTI añadió que “el aparato judicial debe ser limpiado; en México es una mercancía para el mejor postor, incluso delitos graves, quienes lo cometen salen libres o ni siquiera son detenidos tras un pago”.
Ponderó que “el protocolo es un instrumento excelente y, en cambio, “lo que se debe modificar son las personas del aparato judicial que lo aplican, porque ellos están totalmente coludidos y están al servicio de los torturadores o ellos son los torturadores”.
Apuntó que la impunidad en materia de tortura es de 99 por ciento en el país y prácticamente no se condena a nadie por este delito porque, insistió, es el mismo aparato judicial el que tortura.
