Durante una sesión del Consejo de Seguridad Nacional efectuada la semana pasada, impulsada por las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se decidió que la construcción del Tren Maya es un asunto de seguridad nacional, según confirmó el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May. “Determinaron que era de seguridad nacional por las vías férreas y las secretarías determinaron que la obra se reinicie nuevamente” en el tramo 5 sur, de Playa del Carmen a Tulum, que está bajo litigio.

Entrevistado en la ceremonia por el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, realizada en Palacio Nacional, deslindó a Fonatur de esta situación, toda vez que la obra está bajo responsabilidad de la SG y la SSPC. Indicó que ya se entregó la manifestación de impacto ambiental.

Sin embargo, señaló que en su caso, en Fonatur “vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia que se ha transferido ya varias veces y aportamos en los alegatos. Estamos en espera”.

La decisión adoptada aun sin resolver los amparos promovidos ante un juzgado desató ya las primeras protestas entre algunas organizaciones ecologistas.

“Estamos en el tramo 5 del Tren Maya ejerciendo nuestro derecho a la manifestación pacífica y estamos haciendo una acción directa no violenta, que consiste en un salvavidas gigante en el que se pueden leer las letras SOS, que hacen alusión a la demanda que tenemos de exigir que se detengan definitivamente las obras”, señaló Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México.

La inconformidad de los activistas, insistió, es que Fonatur reinició trabajos antes de que se haya dado la resolución del juzgado primero de distrito, que es el que lleva el caso, lo cual está previsto para finales de este mes. El juez debe decidir si mantiene la suspensión definitiva o la levanta. Son, precisó, varios los amparos que pesan sobre este tramo.

La activista detalló que en esta ocasión los trabajos comprenden no sólo el tramo 5 sur (de Playa del Carmen a Tulum), sino el 5 norte (de Cancún a Playa del Carmen), a la altura de Puerto Morelos.

Lázaro agregó que en el tramo 5 siguieron el patrón de comenzar los trabajos antes de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, pues el documento apenas fue ingresado el pasado viernes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que tiene 60 días para dar un resolutivo.

“Están pasando sobre los derechos humanos de la gente, el derecho a la salud, al agua y es por eso que pedimos que se detenga la devastación, en el marco de la campaña Protejamos la Selva Maya. Pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga estas obras ilegales porque están reanudando operaciones cuando tienen más de una suspensión judicial”, expresó la activista.

Con información de Rosario Ruiz, La Jornada Maya