Es sabida la estrategia de entrampamiento de proyectos relevantes de gobiernos de orientación progresista o popular mediante acciones judiciales. La guerra jurídica o persecución judicial (en inglés se usa el término lawfare) busca enredar, retardar y culpar.

En México se han producido cascadas de solicitudes de amparo de la justicia federal contra determinados proyectos del obradorismo. El nuevo turno toca al tramo del Tren Maya contra el que se han manifestado grupos diversos, que plantean inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental y posibles daños irreversibles en las zonas rediseñadas por donde pasará el citado tren.

Ante decisiones judiciales que han ordenado frenar provisionalmente la construcción del tramo de la discordia, y que están en proceso de emitir una resolución definitiva, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que se han reanudado los trabajos en ese tramo cinco pues, aseguró, el Consejo Nacional de Seguridad, en concreto las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, determinaron que el Tren Maya es una obra prioritaria y de seguridad nacional.

El fundamento para esa decisión es el acuerdo expedido por el presidente López Obrador el 22 de noviembre de 2021 y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (https://bit.ly/3yN1UKY), mediante el cual “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México” en un amplio abanico de rubros, que incluye “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Ese acuerdo asigna a la propia Presidencia de la República facultades extraordinarias, que ya han sido impugnadas, aunque una resolución de inicio de año sólo desechó la pretensión de guardar la información de esos casos “estratégicos”, sin ir a la sustancia de dicho acuerdo, que instruye “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”. Ya se verá cómo avanza y se resuelve este diferendo jurídico.

En Nuevo León se acumulan las evidencias de que hay un mal gobierno, ejercido por una pareja estrafalaria a la que ya ni los trucos de internet le funcionan, y una aplicación sumamente defectuosa de los mecanismos de investigación y procesamiento judiciales, como lo muestra el caso de la joven Debanhi Escobar.

A casi tres meses de que fue descubierto su cuerpo en la cisterna de un motel del municipio General Escobedo (el 9 de abril se denunció su desaparición y 12 días después fue encontrado su cadáver), las diligencias realizadas en esa entidad norteña por sus órganos estatales siguen mostrando impericia, cuando menos, si no es que un intencional desinterés en llegar a una verdad que, a falta de asideros confiables, lleva a la voz popular a considerar complicidades de élite.

Un tercer estudio forense, del que ayer se dieron resultados oficiales, apunta en dirección opuesta a lo difundido y defendido por las instancias neoleonesas. Debanhi no murió a causa de golpes en la cabeza ni hay referencia de abuso sexual: falleció por asfixia, específicamente por obstrucción de sus orificios respiratorios. Y “se descarta por completo la asfixia por inmersión”. Recuérdese que se pretendió hacer creer que la joven habría resbalado y caído en una cisterna. Desde el primer momento se señalaron inconsistencias evidentes en ese planteamiento.

El nuevo dictamen, en el que han participado especialistas de la Ciudad de México y del gobierno federal, implica un desmentido a las versiones difundidas desde Monterrey, a las inducidas maquinaciones mediáticas y a las posturas de la fiscalía estatal y el gobierno de Samuel García, autoridades confrontadas entre ellas, pero igualmente mendaces y deseosas de acallar y archivar el asunto. ¿Qué han ocultado? ¿A quién han protegido? ¡Hasta mañana!

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