Londres. La justicia inglesa escuchó ayer los argumentos finales de representantes del presidente venezolano Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y prometió decidir lo antes “posible” si considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por este último, dándole acceso al oro depositado en Londres.

La juez Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, escuchó durante cuatro días argumentos y testimonios de ambas partes y ayer afirmó que hará “todo lo posible” para decidir con rapidez.

No dio, sin embargo, una estimación de cuándo podría conocerse su decisión.

El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en unos mil 500 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela y reconocidocomo tal por medio centenar de países –entre ellos Reino Unido–, nombró una junta directiva ad hoc del BCV.

La denominada junta nombrada por el opositor ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva oficial del BCV, presidida por Calixto Ortega, al afirmar que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.

Los nombramientos que hizo Guaidó fueron invalidados por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

Largo litigio

En el contexto de un largo litigio en Londres, la Suprema Corte británica ordenó en diciembre analizar si esa decisión judicial venezo-lana anula en efecto dichas designaciones.

Si la justicia británica considera que la junta del banco central designada por Guaidó es legítima, ésta tendría el control del oro.

Sin embargo, la decisión de la juez Cockerill es susceptible de recurso, como lo han sido múltiples sentencias emitidas por la justicia inglesa en este caso desde hace más de dos años.

El litigio se originó cuando la junta directiva del BCV presidida por Ortega demandó al Banco de Inglaterra para que le entregara el oro. Y aunque la justicia británica la reconociera como la representante legítima, esa parte del juicio podría seguir adelante.

El abogado inglés de la junta de Maduro, Richard Lissack, reiteró ayer que “la de Guaidó no es una junta funcional del banco central” y argumentó que sus miembros, todos en el exilio, no viven en Venezuela ni participan de las operaciones de la institución.

“Sólo existe virtualmente y pide (...) a este tribunal acceso a 32 toneladas de oro”, subrayó.

Fulton insistió en la “falta de imparcialidad” del TSJ, al afirmar que sus jueces son favorables al poder o están presionados por él.

La parte oficialista llamó como testigos a Francisco Carrasquero López, ex vicepresidente de la sala constitucional del TSJ, de 79 años y jubilado en 2015, que negó injerencias del poder en la justicia, y a Enrique Parody, secretario de la sala plenaria de ese tribunal, que defendió la “autonomía judicial” en Venezuela.

Fulton presentó, por su parte, los testimonios de Manuel Rodríguez Armesto y Ricardo Villasmil, actual y anterior presidentes de la junta del BCV nombrada por Guaidó, así como de Enrique Sánchez Falcón, “procurador especial” también designado por la oposición.