En México, la aplicación del Protocolo de Estambul –manual internacional para identificar casos de tortura– se ha tergiversado. En muchas ocasiones, las autoridades que lo implementan, ya sea policías o fiscalías, lo han usado como “un instrumento de exoneración” para deslindarse de esta práctica, en lugar de para identificar si un detenido fue sometido a malos tratos en procesos judiciales, expone Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Infligir tortura para que una persona confiese algún delito o que se autoculpe sin ser responsable es un “flaco favor a la justicia” y una “estafa” a la sociedad, asevera. “Es el peor escenario: tienes una persona torturada, detenida por algo que no cometió, el Estado presenta eso como resultado y además hay una persona (culpable) que está afuera”.

Reconoce que no es un tema sencillo, porque hay una enorme presión sobre los jueces para que avancen en los procesos judiciales, pero “si efectivamente se comprueba que las pruebas (en una indagatoria) fueron obtenidas por tortura, todas están anuladas y pueden arruinar literalmente casos”.

En entrevista con La Jornada, Fernández Maldonado advierte que en México la tortura es una práctica generalizada, que no se ve en todos los países de la región, y si se combina con una mala aplicación del Protocolo de Estambul, éste debería ser un tema prioritario para el país.

Explica que en el caso de México la implementación del protocolo en indagatorias “ha sido tergiversada”, entre otras cosas porque su aplicación se ha centrado en la parte de los exámenes físico y sicológico, que en muchos de los casos no necesariamente se hacen a tiempo, sino incluso años después, y a ello se suma “negligencia”.

En esta área hay un rol fundamental de los profesionales de la medicina y el ámbito forense. “Si las personas que van a realizar los interrogatorios, las entrevistas, no han tenido una formación, el resultado va caer muchas veces en el riesgo de abusos, malos tratos y tortura, porque la parte investigativa no funciona y hay una presión por resultados”, dice.

Otro de los cuestionamientos que han hecho tanto organizaciones como activistas y las propias víctimas es que las autoridades encargadas de aplicar los exámenes del protocolo suelen ser las mismas que son señaladas como las que infligen tortura.

Ante ello, el representante de la ONU-DH puntualiza la importancia de la independencia que deben tener las instancias que aplican los exámenes, lo cual fue parte de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digna Ochoa. Pero asevera que hay una resistencia a los peritajes independientes.

Subraya que el Estado debe hacer un reconocimiento oficial de los estándares internacionales en la materia. De igual forma, “si no hay voluntad política, todo lo demás se cae”.

Cuando se habla de tortura en México, las autoridades suelen diferenciar las competencias de las instancias federales y estatales. No obstante, Fernández Maldonado aclara que, para las instancias internacionales, este tipo de delitos son atribuibles al Estado mexicano en su conjunto y no a una entidad federativa.

Recientemente, la ONU publicó una actualización sobre el Protocolo de Estambul, en el que participaron 180 expertos de diversos países, entre ellos México. El documento contiene una revisión de los seis capítulos que ya incluía y dos más que se suman.

Fernández Maldonado detalla que las adiciones al protocolo están relacionadas con el tema de la salud y el legal. Se busca que el personal médico, incluido de enfermería o paramédicos, pueda reportar signos visibles de tortura. “Hemos visto en el informe de Aguascalientes que a veces llegaban las personas con signos evidentes de haber sido golpeadas y torturadas, y estaban el defensor y el juez y nadie hizo nada”. Se trata de un aspecto no sólo técnico, sino también ético.