Centenas de académicos y ciudadanos advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el proyecto del Tren Maya “tendrá un grave impacto sociocultural, pues pone en riesgo la pervivencia de las culturas y los pueblos milenarios que habitan la región”. Ocasiona un daño ecológico de alcance mundial, ya que afecta el corredor selvático mesoamericano y su conexión con la cuenca amazónica; además, las manifestaciones de impacto ambiental se ven como “un simple trámite burocrático y no como un instrumento de protección al socioecosistema”.
Miguel Concha, Cristina Barros, Enrique Leff y Carlos Ávila, entre otras centenas de firmantes, han dirigido dos cartas al mandatario. La primera fue en abril y en ella explicaron las razones de su oposición al Tren Maya, como que “el tren es en realidad un proyecto inmobiliario y de urbanización con bandera de turismo responsable, que busca ser motor de la economía peninsular”.
También expusieron que en zonas del territorio donde se construye el tren –que recorre mil 525 kilómetros por Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán– hay riqueza biocultural y los arrecifes bacterianos de agua dulce más grandes del mundo, así como suelo kárstico que forma el sistema hidrológico subterráneo de la península de Yucatán, uno de los acuíferos más importantes del país que contiene 33 por ciento del agua nacional, y que ya es afectado por la contaminación.
Esta carta fue respondida por la dirección jurídica de Fonatur el 31 de mayo, pero de los 20 puntos expuestos, sólo contestó uno y “con imprecisiones”. Se trata del relativo a la consulta pública y los estudios previos indispensables para la realización de la obra, indicaron en una nueva misiva dirigida al mandatario y fechada el 11 de julio. Hasta ayer sumaba 400 firmantes, 100 más que la anterior.
En este documento detallaron que la respuesta fue enviada por Fonatur el 31 de mayo sólo al investigador Luis Zambrano, aunque esa primera carta fue signada por alrededor de 300 personas, y se confirma que la consulta no se hizo antes de la obra, sino que aún se realiza y “hay numerosos indicios de que no se ha dado en los términos debidos”. Incluso, recordaron, la relatoría especial de la ONU en diciembre de 2019 advirtió irregularidades en este proceso y pidió la atención urgente del gobierno ante los posibles impactos a las comunidades por el Tren Maya.
En la segunda carta mencionaron que en ese documento Naciones Unidas alerta que la metodología de la consulta no fue construida ni acordada con las comunidades, la mayoría de los participantes fueron autoridades municipales y ejidales, quedaron fuera personas de las comunidades, no siempre hubo traducción, cuando se hizo no era adecuada y mucha gente no pudo acudir por falta de recursos económicos, entre otros aspectos.
Dijeron que sobre la consulta Fonatur aseguró, sin pruebas, haber cumplido con los estándares internacionales y que participaron 14 mil 305 personas, lo cual no es ni 10 por ciento de los habitantes de la región de influencia del proyecto, que asciende a alrededor de 142 mil personas.
También refirieron que no han sido delimitados adecuadamente los sistemas regionales ambientales, lo que “ni siquiera permite evaluar –y evitar en su caso– el daño ecológico y la fragmentación de las dinámicas de vida en esos territorios”, es así que “el único punto que sí fue considerado en la respuesta del director jurídico de Fonatur no ha sido contestado satisfactoriamente”.
