Los derechos humanos no pueden estar en la Constitución como meros deseos o enunciados, tienen que concretarse, es algo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador buscó corregir desde el inicio de su mandato, pese al “altísimo costo económico” para el Estado mexicano, resaltó la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista con La Jornada, precisó que hay varias reformas detenidas en esa cámara, que no han podido formalizarse por la elevada erogación presupuestal que representan, pero espera que sean aprobadas finalmente en el próximo periodo ordinario de septiembre.

La ex secretaria de Gobernación y ministra en retiro expuso que algo que aprendió en este lapso que ha presidido el Senado –desde el primero de septiembre de 2021– es que “las sesiones se van como el agua y quedan muchos pendientes por desahogar”, de ahí que a su juicio se debe valorar la posibilidad de ampliar el tiempo de trabajo en ambas cámaras del Congreso, que es de sólo seis meses y medio cada año.

Ya sea, dijo, hacer más extenso el periodo que va de febrero a abril –al que sigue un largo receso de cuatro meses– o crear un tercer periodo, para poder aprobar más leyes, aunque ello requiere una modificación constitucional.

A la pregunta sobre la minuta de ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento interno, que tiene casi dos años detenida en el Senado porque significa una gran erogación presupuestal, Sánchez Cordero respondió que en igual situación está la ley del sistema nacional de cuidados o la ley general de población, que implica garantizar el derecho a la identidad.

Gran erogación para cualquier Estado

En general, recalcó, garantizar los derechos humanos representa una gran erogación para cualquier Estado o nación. Incluso, agregó, los que no requieren presupuesto, como, por ejemplo, la libre manifestación de las ideas, ya que “cuando los ciudadanos marchan, debe haber un desplazamiento de las fuerzas de seguridad pública”.

El derecho a la educación, al acceso al agua, a la igualdad de género, a la no violencia contra las mujeres y niñas, entre otros, “no pueden quedar como meras poesías, como meros derechos programáticos en la Constitución, tienen que hacerse realidad”.

En ese sentido, comentó que buscará “un buen diálogo” con la Secretaría de Hacienda para lograr los recursos que se requieren en el caso de la ley de desplazamiento forzado y las demás que están detenidas, en buena parte por el impacto del covid-19. Sin embargo, añadió, el presidente López Obrador tomó “decisiones puntuales y oportunas para frenar esa pandemia”.

Resistencias acerca de la mariguana

Respecto a la regulación de la mariguana, donde han pasado tres años dictaminando sin poder cumplir el mandato de la Suprema Corte, Sánchez Cordero indicó que “hay resistencias de quienes no están bien informados y creen que se trata de convertir a México en el invernadero de cannabis del mundo, dadas sus condiciones climatológicas muy propicias para el cultivo de esa planta y las semillas que son de muy alta calidad”.

Es evidente, subrayó, pero no se trata de eso, sino de despenalizar el consumo de cannabis sicoactiva –“es una tristeza que tantos jóvenes estén en la cárcel”– y de aprovechar los muchos beneficios de la planta, tanto para producir medicamentos que pueden tratar infinidad de padecimientos, como para industrializar el cáñamo.

Seguirá impulsando esa reforma, “plenamente convencida de sus bondades”, y otra controvertida iniciativa, la que prohíbe los tratamientos de conversión con las que se pretende corregir la orientación sexual de las personas. “El dictamen quedó en primera lectura desde septiembre de 2020, yo la he subido a la agenda del pleno en dos ocasiones, alguien la bajó, pero ya logré el acuerdo y debe aprobarse en septiembre”.