Rafael Caro Quintero fue detenido más como emblemática ofrenda para la administración Biden o trofeo de honor para la DEA que como verdadero jefe importante del crimen organizado en México. Caro fue, pero ya no era. Luchaba por consolidarse como jefe de un cartel regional menor, el de Caborca, en cruel batalla contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Caro Quintero fue requerido tres días después de la reunión de los presidentes López Obrador y Biden en la Casa Blanca. El martes 12 se produjo tal encuentro y por la tarde de ese día se dio a conocer un comunicado conjunto en el que México acepta volver a la senda de la “cooperación”, las acciones conjuntas y los grupos binacionales de trabajo en el combate del crimen organizado (https://bit.ly/3REgehf).

El viernes ya había sido localizado y aprehendido quien fue poderoso jefe del cártel de Guadalajara. Un grupo de élite de la Marina, la secretaría mexicana favorita de Estados Unidos para acciones confidenciales, habría conseguido a Caro entre unos matorrales y gracias a un “elemento canino” de nombre Max.

La directora de la DEA emitió una frase incómoda: “Nuestro increíble equipo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero”. El embajador Ken Salazar precisó que ningún elemento estadunidense había participado “en la operación táctica” (¿pero sí en la estratégica?).

Lo cierto es que descabezar al cártel de Caborca poco significará, o nada, en el contexto amplio del hasta ahora incombustible dominio del crimen organizado en México. En términos prácticos, favorece al segmento del cártel de Sinaloa, encabezado por los Chapitos, los herederos de la porción de ese cártel que perteneció a Joaquín Guzmán Loera.

La detención de Caro es una revancha largamente buscada por la DEA pero, además, un hecho indicativo de una probable reanudación de la cooperación entre Estados Unidos y México, que se había visto virtualmente suspendida a partir de la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. Habrá de verse si la política obradorista de “Abrazos, no balazos” se mantiene indemne o comienza a sujetarse a términos más beligerantes.

Una de las consecuencias de la extradición a Estados Unidos de Caro Quintero, solicitud que fue la que movió a la Fiscalía General de la República a acompasarse con la Marina en la detención en Choix, Sinaloa (una solicitud judicial para fines de extradición como la no cumplida en el caso de Ovidio Guzmán), podría ser, como todo indica, la develación de investigaciones de la DEA sobre el contexto en que se produjeron el secuestro, la tortura y el asesinato del agente Enrique Camarena, Kiki.

Remover esos expedientes puede tener consecuencias políticas en México. El gobierno encabezado por Miguel de la Madrid estuvo cargado de historias de corrupción relacionadas con el crimen organizado y de represión y asesinatos para acallar tales hechos (el del periodista Manuel Buendía, por ejemplo). Ahora que un muy activo segmento del priísmo empuja la idea de una candidatura “delamadridista” a 2024, las historias relacionadas con Caro pueden abollar tales pretensiones.

Y, desde luego, siempre ha estado presente en este entorno la figura de Manuel Bartlett, quien fue siniestro y represivo secretario de Gobernación durante ese sexenio de Miguel de la Madrid y, luego de ser secretario de Educación Pública con Carlos Salinas de Gortari y favorecido con la gubernatura de Puebla y una senaduría a nombre del PRI, emprendió una recomposición que le ha llevado a ser figura relevante del obradorismo, ahora como director de la CFE.

Y, mientras se esclarece lo relacionado con la caída de un helicóptero de la Marina, que causó la muerte de 14 elementos de élite que habían participado en la detención del multicitado Caro Quintero, ¡hasta mañana!

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