Panamá. El movimiento magisterial que lidera las mayores protestas sociales de los últimos años por el alto costo de la vida en Panamá anuló el lunes un acuerdo suscrito con el gobierno para poner fin a una huelga de más de dos semanas y buscar una salida a las movilizaciones callejeras que han causado desabastecimiento en el país centroamericano.

El acuerdo había establecido la reapertura de los tramos obstruidos en la carretera Panamericana que conecta con Centroamérica, así como un precio fijo para la gasolina.

El líder de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, Luis Sánchez, aseguró que firmó el acuerdo bajo presión y que dicho compromiso fue rechazado por las bases de su gremio. El gobierno no reaccionó de inmediato a esos señalamientos.

Sánchez señaló que anularon el compromiso porque no abundó en otros dos puntos que tenían que ver con sus reclamos: la disminución del precio de los alimentos y de las medicinas.

El gobierno y la alianza -que además de educadores también aglutina a sectores agrícolas y pescadores artesanales- suscribieron la noche del domingo un acta de compromiso que establecía, entre otros puntos, un precio temporal tope de 3.25 dólares para el galón de gasolina. El compromiso se había sellado en la central provincia de Veraguas, donde iniciaron las protestas.

La alianza, por su parte, se comprometía a levantar de inmediato los cierres de vías en la capital y fuera del país que estaban causando desabastecimiento y reanudar las clases suspendidas.

Mientras tanto, en la capital líderes de otro movimiento que también aglutina a educadores y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Construcción, continuaron las protestas y obstaculizaron amplias avenidas en la capital luego de advertir que se mantendrán en paro y continuarán las movilizaciones.

Ese movimiento desconoció desde el inicio el acuerdo suscrito en el interior del país y reclaman integrar una sola mesa de diálogo.

El incremento del combustible y de los alimentos en los últimos meses, sumado a cuestionamientos por el manejo del gasto público y los escándalos de corrupción, desencadenó las protestas en el país de más de cuatro millones de habitantes.