“No es el momento oportuno para hacer una reforma electoral de gran calado”, sino de pensar en ajustes rumbo a la gran elección de 2024, advirtió el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, quien desde hace 14 años conduce la estructura operativa y legal del organismo.

Prácticamente toda la maquinaria INE está a su cargo y, con base en esa experiencia, considera que una enmienda electoral profunda en este momento sería un riesgo para el país.

Para argumentar su punto de vista explicó que, de 1996 a 2014, el Instituto Federal Electoral organizó 12 elecciones, mientras que al tomar el modelo nacional, desde 2014, el organismo ha estado a cargo de 300.

Si se insistiera en cambios, añadió, éstos podrían aplicarse, por ejemplo, en la Unidad de Fiscalización, cuyo alcance creció en un nivel sin precedente con la citada reforma de hace ocho años. “Es una locura (el número de casos que atiende)”, señaló.

Fiscalización realiza las indagatorias (documentales y de campo), por ejemplo de procedimientos oficiosos, administrativos sancionadores y quejas, cuyos proyectos son puestos a consideración del Consejo General del INE. Las investigaciones deben ser sólidas, porque es casi seguro que los inconformes impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El miércoles de la próxima semana el consejo general votará un centenar de procedimientos de fiscalización, entre estos hay 40 de los gastos de campaña del proceso que derivó en la elección del pasado 5 de junio en seis estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En entrevista, Jacobo Molina recalca el sentido y responsabilidad central del INE: organizar elecciones y dar estabilidad política al país.

En tal sentido recordó que todas las reformas se han hecho en periodo previo a comicios intermedios, pero nunca en la víspera de una elección presidencial, en el mismo año de la renovación del Congreso de la Unión.

“Entonces, imagínense que ahorita viniera una gran reforma, de gran calado, en donde toda esta normatividad que conocemos, derivada de la reforma de 2014 y que nos costó mucho trabajo entenderla, cambiara, con la meta inmediata de una elección presidencial con la complejidad que tendrá. Es riesgoso”, consideró.