La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) integrará la carpeta de investigación relacionada con el ex presidente Enrique Peña Nieto y las presuntas transferencias ilícitas por un monto de 26 millones de pesos, que fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El área especializada en la indagación de operaciones con recursos de procedencia ilícita rastreará la procedencia y determinará si existieron irregularidades en los movimientos en los que participaron familiares del ex mandatario.
En la FGR se ha guardado hermetismo respecto de la denuncia y la integración de la carpeta de investigación; sin embargo, funcionarios ministeriales corroboraron que el caso fue turnado a la Femdo y que se han solicitado mayores informes financieros a través de la Procuraduría Fiscal, además de que se solicitará colaboración internacional para establecer el origen de las cuentas y el destino de los recursos.
El pasado 7 de julio, durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que Enrique Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera.
Explicó que esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.
Pablo Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos, y en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021 por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.
En aquella conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.