Ciudad de México. El control patrimonial que logró Alejandro Moreno Cárdenas en los órganos directivos del PRI, quien deberá abandonar el cargo el 19 de agosto del año próximo o antes para obligar a la renovación adelantada de la dirigencia, lleva a sus críticos a considerar una salida para el campechano y que se encargue de organizar los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila y deje que un nuevo Comité Ejecutivo electo en febrero del 2023 tenga en sus manos la negociación del convenio de coalición con la oposición en octubre de ese año.

José Encarnación Alfaro, integrante de la Plataforma Refundación del PRI, que ha documentado las razones jurídicas y políticas por las que Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano y el total de los integrantes del Comité Ejecutivo priísta con ética abandonen sus cargos, apuntó que para el campechano “el tema fundamental es el control de los procesos internos del partido y el relevo presidencial de 2024, que incluye la renovación de nueve gubernaturas, del Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senado de la República y los Congresos locales.”

Y es que el proceso legal para la elección del 2024, inicia el próximo primero de septiembre de 2023, mientras que el proceso ordinario para el que fue electo Alejandro Moreno concluye el 19 de agosto de 2023, justo once días antes de que inicie el federal. Ahí los escenarios chocan porque los estatutos priístas señalan que no puede haber elección de dirigencia interna en el PRI, y contemplan una prórroga hasta el presidencial en 2024.

En el remoto caso de que Alejandro Moreno decidiera que acata la opción legal de abandonar la dirigencia el 19 de agosto, el desarrollo del método de elección de la nueva dirigencia ocuparía 120 días de anticipación por lo que deberá convocar al proceso de renovación a finales de marzo e inicios de abril de 2023.

No obstante, las señales que Alito (conocido así entre sus cercanos) ha enviado es que no quiere convocar a la renovación. Y por el contrario con el fin de empujar a que se retire del PRI, los estatutos contemplan dos opciones en sus artículos 83 y 179, como causas para la sustitución de la dirigencia:

En el artículo 83, el Consejo Político tiene la atribución -un caso especial-, para el término anticipado del periodo de la dirigencia en turno, y esa determinación la debe asumir el Consejo Político Nacional, el cual está manipulado por Alejandro Moreno.

Y en el artículo 179, también el Consejo Político Nacional, puede decidir el cambio de dirigencia seis meses antes de que termine el proceso estatutario, siempre y cuando Alejandro Moreno y Carolina Viggiano (la secretaria general) renuncien al cargo. Tal situación deberá ocurrir en septiembre próximo, para que se lance la convocatoria en octubre y la elección ocurra en febrero del año próximo.

La renuncia a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano deberá tener efecto el mes de agosto de 2023, para que ambos y su Comité Ejecutivo Nacional organicen los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila. Un caso así se presentó con Dulce María Sauri, cuando renunció de forma anticipada, para que la sustituyera Roberto Madrazo.

“Se requiere de la generosidad, de la ética y de los compromisos con el partido de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. De no ser así, tenemos el derecho, cualquier militante, de solicitar a la secretaría de organización que se nos informe del calendario del proceso de renovación de la dirigencia, y esa instancia está obligada a hacerlo, y de no ser así se le solicitará al Tribunal Electoral que ordene a la secretaria de organización que proceda.”

Para Alfaro, Alejandro Moreno ha jugado con que él es quien puede amarrar la coalición electoral con otras fuerzas políticas, y ha manifestado que por eso permanecerá más allá de la elección federal en 2024. “Le preocupa decidir las listas de candidatos.”

De tal forma un mes después del inicio del proceso electoral debe firmarse el convenio de coaliciones en el mes de octubre del año próximo, “y la nueva dirigencia tendrá poco tiempo (un mes) para firmarla y negociarla. Por eso se requiere una renuncia anticipada de la nueva dirigencia.

“Se puede dar una figura que no afectaría la norma: una presidencia en funciones que pueda encargarse de la organización de los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y la dirigencia entrante que tendría tiempo para negociar el convenio de coalición de los partidos de oposición y establecerlo en octubre.

“Esto no es un pleito callejero, ya no nos metemos en atender los escándalos de los audios y de señalamientos de corrupción contra el dirigente, que eso nos pega mucho en el PRI. Queremos tener la posibilidad de conseguir una alianza con contenido a la que llamamos un proyecto alternativo de nación, por qué hasta ahora no tenemos una propuesta con contenido, es un discurso hueco.

“Lo que hacemos es que llamar a Alejandro a que entienda que él no es indispensable en el partido, nadie lo es, que dé la oportunidad a los priístas de construir una alianza que ofrezca a los electores una alternativa, porque incurre en una desnaturalización de la política al sumarle que está aprovechando el cargo para construir una candidatura presidencial”.