La manipulación de armas de fuego, por parte de alumnos de la escuela secundaria técnica 54 Mariano Matamoros, en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, es un hecho “ilegal y aberrante”, y “no se trató de un caso aislado”, expuso Juan Martín Pérez García, coordinador del observatorio Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe.

Explicó que se han difundido imágenes y esto se había realizado en otros espacios estudiantiles, por lo que “no fue un acto de descuido” o una “imprudencia”, y por lo tanto debe ser investigado y sancionado.

Remarcó que las escuelas deben ser “espacios libres de armas”, y recordó lo ocurrido en Estados Unidos, a finales mayo, cuando fueron asesinados 19 menores y dos profesoras.

“Eso nos recuerda por qué no deben coexistir las armas con las escuelas”, señaló Pérez García,.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expuso el impacto que tiene el uso de armas de fuego en la violencia de género en contra de las niñas y adolescentes.

“Los feminicidios cometidos con esos artefactos contra niñas y adolescentes han aumentado de 2021 a 2022 en México. Ocho feminicidios con arma de fuego contra mujeres hasta de 17 años fueron reportados de enero a mayo de 2022 en el país, lo que representó un aumento con respecto a los cinco reportados en el mismo periodo de 2021.

En 7 años, 83 feminicidios

Apuntó que de enero de 2015 a mayo de 2022 se han cometido 83 feminicidios con armas de fuego de niñas y mujeres adolescentes a nivel nacional, y las entidades con mayor número de estos hechos fueron Nuevo León (11), Sinaloa (9) y Oaxaca (7).

Pérez García, consideró “omisos, negligentes y claramente cómplices” los señalamientos hechos por las autoridades de ese estado, pues lo sucedido fue una “violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

En un posicionamiento, Tejiendo Redes Infancia, la Redim, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, entre otros, exigieron que el hecho “no quede impune, pues es un claro ejemplo de la normalización de la violencia y el uso de armas de fuego”.