Doce años de gobierno panista, más seis de su secuaz dizque priísta, no podían pasar sin dejar huellas lamentables en el Servicio Exterior Mexicano, honorable y digno en otras épocas.

La 4T ha respetado el carácter inamovible de su membresía “de carrera”, pero en general ha tenido la atingencia de separarlos de puestos clave, al tiempo de que en general han procurado no hacerse notar. No obstante, tuvo sus momentos de “gloria” que no podemos soslayar.

Cierto es que algunos nombramientos recientes no han sido felices, pero cabe reconocer que en general se avienen a lo que el gobierno espera de ellos, que viene siendo más o menos lo que se halla bien establecido en el artículo 89 de un documento que muchos tienen a bien no conocer: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los principios básicos de nuestra política exterior, que se fue gestando y consolidando a partir de los años 30 del siglo pasado, quedaron incorporados cabalmente en la dicha Carta, durante la espléndida gestión al frente de la Cancillería Mexicana de Bernardo Sepúlveda Amor.

De la vergüenza cimera que nos legaron Peña y Videgaray, expulsando al embajador de Corea del Norte con el fin primordial de lambisconear a sus cuates del gobierno de Estados Unidos, tenemos noticias claras y recuerdo reciente. Pero ya casi se cumplirán 20 años de la gesta más ignominiosa de la diplomacia mexicana de que tenemos noticia.

No sorprende que haya sido capitaneada por Vicente Fox y sus dos atláteres consecuentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores: Jorge Castañeda Gutman y Luis Ernesto Derbez. El proceso se inició con uno y terminó con otro, pero claro que fue el segundo quien acumuló el oprobio mayor del caso. Sin menospreciar, claro está, al ridículo saltimbanqui que era Presidente.

Se trató de la entrega las autoridades neofranquistas españolas, encabezadas por José María Aznar, de seis “refugiados” españoles que habían ingresado al país seis o siete años antes, asilados por el gobierno de Ernesto Zedillo, y tres compañeros mexicanos, con las peores acusaciones de “terrorismo” imposibles de sustentar.

Tanto los derechos de asilo como la obligatoria protección de los ciudadanos mexicanos fue motivo del mayor menosprecio, por no decírselo en el lenguaje de mi barrio, por parte del gobierno mexicano, por cierto que aplaudido a página entera, el 20 de julio de 2003 por el periódico Mural de Guadalajara y su compinche el Reforma, del entonces llamado Distrito Federal. Resulta curiosa la nota de que, además de endilgarles a los “expulsados” los peores adjetivos, ninguno se sustentaba debidamente. Eran colaboradores, sí, como muchos mexicanos de bien, con el independentismo vasco, sustentando el añejo principio mexicano del derecho de autodeterminación de los pueblos, pero delitos del orden común, no había ninguno imputable…

Nótense el inventario de lo que se les incautó, enunciado por el rotativo de marras como si fuera lo más peligroso del mundo: videos relacionados con las actividades de ETA y otras organizaciones; manuales de operación; documentos diversos vinculados con dicha organización, recibos bancarios, etc.

Bien podemos decir que, gracias a Fox y a Derbez, entre otros, la diplomacia mexicana se cubrió de oprobio.