La violencia que azota a las comunidades indígenas de Aldama y Chalchihuitán, en Chiapas, y que ha generado desplazamiento forzado y asesinatos de pobladores, si bien tiene como raíz conflictos agrarios de décadas, actualmente su esencia es la riqueza de las tierras para su explotación, su dominio o para el manejo de actividades delictivas. Están involucrados intereses de orden económico, de poder político, “control de los territorios, hablamos de la criminalidad organizada” también, sostuvo la relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

En entrevista al cierre de su visita a México, junto con otros expertos de la CIDH para el seguimiento de las medidas cautelares que se dictaron para ambos municipios de Chiapas entre 2018 y 2021, reconoció la apertura del Estado mexicano para facilitar los medios para realizar su trabajo y conversar con autoridades de todos los niveles de gobierno, desde la Secretaría de Gobernación hasta los presidentes municipales.

La CIDH otorgó medidas cautelares en febrero de 2018 para 10 comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, con el fin de garantizar los derechos de indígenas tsotsiles desplazados; en tanto, en abril de 2021, este recurso se otorgó a favor de familias de 12 comunidades de Aldama, debido a la situación de riesgo por agresiones de grupos armados.

Arosemena de Troitiño subrayó que aunque se han dado avances importantes para atender este conflicto que ha llevado a una violencia “de alto calibre”, éste no se ha podido resolver y alertó que ello ha generado un resquebrajamiento del tejido social.

Manifestó su sorpresa de que en la visita a las comunidades pudo constatar “las perforaciones por las balas en las casas de la gente, en una región que tú no puedes creer que vas a oír disparos como si estuviéramos en guerra”.

Lo que están viviendo los pobladores es “angustia, temor”, afecta la vida, “la integridad de las personas, hay fallecidos, heridos, hay gente que ha quedado con discapacidades”. Asimismo, existe inestabilidad emocional y física, “están viviendo problemas de salud, de educación, de vivienda, de sustento diario y de alimentación”, aseveró.

La también relatora de la CIDH para México expuso que beneficiarios de las medidas cautelares, con los que pudo reunirse la delegación entre el 12 y 13 de julio, han demandado que se resuelva este conflicto “atendiendo todos los elementos que pueden estar involucrados”.

Indicó que aunque hay una aparente calma, los habitantes aseguraron que “a veces nos hemos quedado así un mes o dos, pero después volvemos otra vez. Por eso el tema de la solución definitiva es necesario”.

Arosemena de Troitiño enfatizó que lo que se vive en Aldama y Chalchihuitán no son casos aislados, sino graves importantes, “pero hay otros igualmente que requieren de atención”, respuesta institucional y “presencia del Estado ante situaciones de violación de derechos”.

Puntualizó que para atender estas situaciones se requiere la articulación institucional de los tres niveles de gobierno, “con perspectiva de derechos, con pertinencia cultural”.

En este sentido, agregó que las víctimas “sientan que hay justicia, que hay reparación, que tengan la seguridad de que estos hechos no se repetirán”.

La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá anunció que tras esta visita se preparará un informe y resaltó que los pueblos indígenas “son los defensores de nuestras tierras, del ambiente, de nuestra propia humanidad”.