El 18 de septiembre de 2021 la Cepal presentó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que también incluye entidades mexicanas del sur-sureste. Se trata de un conjunto de estrategias, políticas públicas y proyectos que contemplan el desplazamiento de multitudes del sur hacia el norte, no como un fenómeno coyuntural, sino como una condición estructural.

De una iniciativa que enmarca la cooperación sur-sur del gobierno de México. En referencia a ella, el proyecto “Balance de la Cooperación Sur–Sur de México para la reactivación del Plan Integral de desarrollo dirigido a Centroamérica”, recién concluido por dos organizaciones de la sociedad civil, DECA Equipo Pueblo, e Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, tiene gran vigencia ante la incontenible migración de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, pues revela los escasos resultados de ese proyecto, en el contexto de la cooperación sur-sur del gobierno de México.

El proyecto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cancillería, dirigido a tres países centroamericanos: Guatemala, El Salvador y Honduras, tenía en perspectiva replicar dos proyectos emblemáticos del gobierno de México: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que tendrían un gran impacto social y de contención al fenómeno migratorio, el cual, según las instancias y grupos consultados, no se ha conseguido.

El estudio reitera que no puede entenderse el éxito o fracaso de los programas dirigidos al Triángulo del Norte, si no se analiza también la aplicación de medidas migratorias que contradicen lo establecido en el Pacto Mundial sobre Migración en las diversas fronteras, invocando la responsabilidad compartida de las naciones para proteger a las personas en movilidad. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, expuso en el Foro de Examen de la Migración Internacional de Naciones Unidas, en mayo de 2022, que, ante el incremento constante de solicitudes de refugio en el país, se ha llegado a máximos históricos que implican un escenario complejo.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard reconoció ante el Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración que “nosotros vamos a tener que ajustar todas nuestras normas, pues las de hoy no necesariamente reflejan lo que está ocurriendo”. Agregó que en Norteamérica se mantienen políticas migratorias del siglo pasado “para enfrentar la migración, donde existe una corriente supremacista y tóxica que sabe que las economías norteaméricas necesitan de los migrantes para prosperar, pero que al mismo tiempo quiere detener la migración”.

En la revisión y balance, vía consultas y entrevistas sobre los resultados esperados, para ofrecer alternativas a los migrantes, se identificaron déficits, inconsistencias, incumplimientos y nula transparencia de esos proyectos en los países referidos de Centroamérica.

Hay que recordar que el fenómeno migratorio ha sido una constante de connacionales y de migrantes provenientes de las naciones de Centroamérica hacia Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida, debido a la situación de pobreza y exclusión, a la carencia de empleo digno e incluso a la persecución. Y que otro fenómeno que la ha incrementado es la existencia del crimen organizado, que obliga a familias enteras a salir de sus lugares de origen. Lo que explica las múltiples caravanas, sobre todo en los pasados tres años, aun con la pandemia de covid-19 y los riesgos en su seguridad física y mental.

Difícilmente la política migratoria se modificará, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos, a través de la orden de un juez federal, mantiene de manera permanente las medidas que establece el Título 42, que autoriza regresar de inmediato a migrantes indocumentados, argumentando medidas sanitarias, aunque la administración actual las haya impugnado; lo que apunta a una larga batalla legal.

Como lo refiere Jorge Durand, estudioso del fenómeno migratorio, las caravanas de migrantes no han estado exentas de detenciones, actos de tortura, malos tratos y aislamientos en cuartos pequeños, sin ventilación suficiente ni alimentos dignos, llegando incluso a la violación sexual de las mujeres y la separación de las y los menores de sus familias.

Considera que en esas acciones no únicamente participan las autoridades migratorias de ambos países (México y Estados Unidos), sino también las mafias, delincuentes y policías de migración. El conjunto de instancias y personas consultadas consideran que en Guatemala y El Salvador hay un desconocimiento total de los programas llevados por México, y sólo en algunos casos tenían información general; por lo que es difícil constatar su impacto real en la población. Existe la percepción de que los programas no fueron aplicados de manera efectiva, y que tampoco hubo transparencia en el manejo de los recursos y, además, están lejos de constituirse en una política efectiva para contener la migración.