Para atender los casos de desplazamiento forzado interno en el país se requiere una ley en la materia, pero ésta se encuentra atorada en el Senado por el impacto presupuestal que tendría su implementación, consideran los legisladores, además de una serie de políticas públicas en este renglón, expusieron funcionarios federales y expertos.

Durante la presentación del libro Desplazamiento forzado interno en México. Del reconocimiento a los desafíos, encabezada por parte de la Secretaría de Gobernación por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, y Rocío González, jefa de la Unidad de Política Migratoria, indicaron que durante sexenios trataron de invisibilizar estos casos.

Por ello se trata de un fenómeno sobre el que no hay cifras precisas. El referente más cercano es la estadística de 262 mil 411 personas que migraron internamente por inseguridad delictiva o violencia, esto de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.

En su intervención, Josep Herreros, representante asistente para protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, apuntó que entre los retos se encuentra la necesidad de crear un marco jurídico.

Edgar Corzo Sosa, experto en derechos humanos, propuso que la legislación esté anclada en una reforma constitucional.

Uno de los factores que ha atorado la legislación, añadió el subsecretario Encinas, es el posible impacto presupuestal. Llamó a cambiar esta visión y consideró que hay recursos suficientes para ejecutarla.

Explicó que además de la violencia, los conflictos territoriales e incluso los efectos por el cambio climático motivan los desplazamientos. Pero “uno de los más importantes es el derivado de la desigualdad, porque siendo la pobreza y la marginación las principales causas de desplazamiento forzado interno de nuestro país, independientemente de las acciones que en materia de procuración de justicia y de garantía de seguridad tienen que hacerse en muchas áreas del territorio nacional, donde lamentablemente la presencia de grupos delictivos en muchos casos no solamente han desplazado a la propia autoridad, sino que imponen reglas en la autoridad y hasta en la propia elección de quienes son los gobernantes en los municipios”.

Entrevistado al concluir la presentación, Encinas se refirió también a las indagatorias para conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

Recalcó que “aquí no hay olvido, trabajamos todos los días para dar a conocer la verdad de los hechos, el paradero de los muchachos”.

Además, consultado sobre los reclamos que han hecho organizaciones por la política migratoria, aseguró que el enfoque de seguridad debe orientarse a desmantelar y combatir las redes de tráfico de personas, y defendió que en tres años se han dado cerca de un millón de visas humanitarias, refugio o visas de trabajo temporal para migrantes.