En 2009, el dictador se sentía amenazado por “unas monjitas que rezaban para asesinarlo”.
El dictador Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 misioneras de la caridad de la orden religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado sus obras de beneficencia y cancelado la personería jurídica de su asociación, porque no se registraron como “agentes extranjeros”.
Esta triple agresión contra la libertad religiosa, el derecho de asociación, y el derecho de los pobres a recibir asistencia social de parte de organizaciones de la sociedad, ha provocado un repudio generalizado, incluso entre los partidarios del régimen, y en la opinión pública internacional, que además condena la censura y la persecución desatada contra el diario La Prensa como castigo por cubrir la noticia de la expulsión.
En realidad, no es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanza un ataque virulento contra representantes de la Iglesia católica. Después de la rebelión de abril, entre 2018 y 2022, asaltaron la basílica de Diriamba; atacaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia, donde mataron a dos estudiantes universitarios; atentaron contra la imagen de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua; provocaron el exilio forzado del obispo Silvio José Báez; expulsaron del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag; asediaron a monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes en los templos; y encarcelaron al padre Manuel Salvador García.
Y a pesar de estos antecedentes persecutorios, ha causado estupor la expulsión de las hermanas de la caridad, porque ellas solamente se dedicaban a ayudar a los más necesitados con obras de caridad cristiana.
Pero, tampoco es la primera vez que el régimen criminaliza la solidaridad de pueblo a pueblo, y pretende prohibir la ayuda a los más vulnerables en un país lacerado por la pobreza; a los afectados por el hambre y la sequía; a las víctimas de la negligencia oficial ante la pandemia de covid-19; y a los más desprotegidos por la falta de acceso a los servicios sociales más elementales. La prohibición de la solidaridad está en el ADN dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretenden implantarse como los únicos benefactores sociales ante los pobres, para que cada vez que la población acceda a un derecho, le dé “gracias al comandante y la compañera”, consagrando un acto de sometimiento político.
Por ello han cancelado ya a más de 950 ONG, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario en el que el Estado-partido-familia encarnado en la pareja presidencial sea el único interlocutor ante la población y especialmente con los más pobres.
Pero aún con toda esa evidencia a la vista, resulta difícil entender la saña contra las monjas y quizás la única explicación, que no es justificación, es que ese odio ha estado ahí siempre y se alimenta del miedo profundo que Ortega y Murillo le tienen al pueblo, y al ejercicio de la solidaridad que forma parte de la identidad de los valores democráticos de los nicaragüenses.
Entre los más de mil 400 documentos sobre Nicaragua filtrados por WikiLeaks, que están basados en los cables diplomáticos enviados por el embajador de Estados Unidos en Managua a las oficinas del Departamento de Estado en Washington, hay uno fechado el 27 de abril de 2009, hace más de 13 años, por el embajador Robert Callahan, en el que cita un encuentro privado con la entonces primera comisionada de la Policía Nacional Aminta Granera, quien relata el temor y la paranoia de Ortega provocados por la supuesta amenaza de unas monjitas. Cito textualmente: “La jefa de la Policía Aminta Granera le dijo al embajador Callahan que el presidente Daniel Ortega está completamente loco y representa una amenaza para el país”. Y agregó que, según Ortega, hay “unas monjitas que están rezando para que lo asesinen”.
En este cable diplomático que escribe Callahan, Granera no especifica quiénes son las monjitas, a las que teme Ortega porque supuestamente estaban conspirando en su contra, por medio de la oración, para que le quiten la vida.
Según Ortega, se trata de un “grupo de monjitas muy mayores”, que están rezando para que lo maten, y considera que esto es una grave amenaza para la seguridad nacional.
Granera se limita a decir que ella misma se siente “insegura” ante Ortega, porque éste la considera una potencial rival política, y que lo único que le permitía a ella misma mantenerse segura frente a Ortega, era su “creciente popularidad”. Y remata que “la única persona que tiene influencia sobre Ortega es su esposa Rosario Murillo”.
Trece años después de la publicación de este cable premonitorio de WikiLeaks, la paranoia de Ortega y Murillo, el miedo a la ciudadanía y a perder el poder, es lo único que puede explicar la irracionalidad de un régimen totalitario que masacró a su propio pueblo, encarcela y tortura a los que reclaman libertad y elecciones libres, cierra todos los espacios de la sociedad civil, y se siente amenazado por las monjas de la Madre Teresa de Calcuta.
