Madrid. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos presentó un informe sobre la tragedia ocurrida en la frontera entre Melilla y Nador el pasado 24 de junio, en la que según las cifras oficiales del régimen de Rabat fallecieron 23 migrantes subsaharianos, la mayoría procedentes de Sudán del Sur.
Una de las principales conclusiones de la investigación es que la mayoría de los fallecimientos se produjo por “asfixia” y que se podría haber evitado si los agentes de la Guardia Civil española no hubieran denegado el socorro a los migrantes.
El CNDH, una organización oficial y pública marroquí, bajo el manto del aparato de gobierno del Rey Mohamed VI, confirmó los datos que desde un principio defendió Rabat como ciertos, es decir: 23 muertos, 217 heridos, de los cuales 77 eran migrantes y 140 policías.
Otras organizaciones independientes han señalado que la cifra de fallecidos podría superar los 37, que hubo más de 250 heridos, la mayoría civiles, y que después de la tragedia la gendarmería marroquí realizó un operativo para dispersar a miles de extranjeros en las inmediaciones del monte Gurugu.
Acusación a la gendarmería fronteriza española
El informe de la CNDH sostiene que “no han podido determinar si el origen de las lesiones de algunos de los inmigrantes fue por caídas y empujones o por lesiones derivadas de un uso desproporcionado de la fuerza”. Sí confirmó que la policía marroquí utilizó gases lacrimógenos y porras, pero no armas de fuego.
Amina Bouayach, presidenta del CNDH, señaló a la gendarmería fronteriza española como la principal responsable de los decesos: “Era su responsabilidad abrir las puertas. Los migrantes se agolpaban en un espacio muy estrecho. Aun así, las rejas permanecieron cerradas, lo que probablemente provocó el elevado número de muertos y heridos”. Y acusó a los migrantes de ser “extremadamente violentos con las fuerzas del orden”.
El Consejo de Europa, en voz de la comisionada de derechos humanos, Dunia Mijatovic, solicitó al Estado español una investigación “independiente, total y efectiva” .
El gobierno español anunció que se investigaría el asunto, pero esta semana el ombudsman Ángel Gabilondo, criticó que más de 20 días después de la tragedia aún no había recibido información del Ministerio del Interior.
