Madrid. La multinacional española de energía Iberdrola y cuatro de sus principales directivos se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder ante los tribunales españoles por un delito continuado de manipulación de los precios de la electricidad. Se trata de una investigación que se remonta a finales de 2013, que desveló el sistema fraudulento con el que alteró los precios de la electricidad a través de sus centrales hidráulicas, lo que provocó que los usuarios tuvieran que pagar un costo inflado.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, asumió las principales tesis de la Fiscalía Anticorrupción española, que a su vez incorporó a su investigación todas las pruebas y diligencias que habían realizado los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con las que se construyó uno de los casos más escandalosos de una empresa energética.

El juez, dada la gravedad del asunto, decidió imponer fianzas millonarias, tanto a Iberdrola Generación España, como a los cuatro directivos, que son Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Las fianzas son de 192.3 millones de euros (4 mil millones de pesos) para Iberdrola y a cada directivo otros 107.5 millones de euros (dos mil 200 millones de pesos) para “garantizar el pago de las multas y de las responsabilidades civiles”.

El juez, que redactó un auto muy contundente, advirtió que “si no prestan esta cantidad, incide en que se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar las sumas señaladas”. Además de explicar que en caso de ser culplables podrían tener la obligación de indemnizar a las comercializadoras de energía y al resto de afectados por la supuesta manipulación del precio de la luz, cifrando la misma en 107.3 millones de euros (2 mil 200 millones de pesos).

El juez señala en su escrito que “Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda. Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un costo óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”.

Cabe señalar que el apagado o vaciado intencionado de las centrales hidráulicas provocó graves estragos medioambientales en las zonas afectadas y muchos inconvenientes a los vecinos de la región, que tuvieron que sufrir en ocasiones escasez de agua.

El juez advierte, además, en su auto que no cabe recurso contra la apertura de juicio oral y los emplaza a que “comparezcan en la causa con abogado” en el plazo de tres días. “Cumplido ese trámite, dese traslado de las actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros responsables, en su caso en el escrito de acusación, para que en plazo común de 10 días presenten escrito de defensa frente a la acusación formulada”. Es decir, tanto Iberdrola como sus cuatro directivos tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por uno de los delitos más graves de los que puede ser acusada una empresa energética: manipular los precios a través de un uso fraudulento de sus centrales hidráulicas y sin importarles los graves daños medioambientales y económicos.