Suele criticarse a los integrantes del poder judicial por su mínima exposición mediática. Se dice que los jueces resuelven los juicios desde una torre de marfil, apartados de la realidad, con el deber de aplicar únicamente las leyes, como si los juicios fueran una abstracción de la vida cotidiana. Incluso, en la jerga legal, se hace diferencia entre la verdad legal y la verdad objetiva: lo que no existe en el expediente, no puede existir en la mente del juzgador.

En parte por un cambio referencial, la actual administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, realizó medidas para hacer del poder judicial una entidad pública más participativa en la vida cotidiana.

La serie televisiva “Caníbal” que habla sobre un asesino serial no es una medida aislada. Más allá de la producción y eficacia documental del producto, más allá de las interpretaciones de políticos y analistas, la serie cumple con su objetivo. “Indignación Total” dice el subtítulo de la serie y realmente indigna el daño causado a las muertas y a sus familiares; indigna la muerte violenta; indigna que no las hayan buscado en su momento; indigna que, ya encontradas, no se les diera identidad; y, sobre todo, indigna que no se trate de un caso aislado. No hace falta la existencia de un asesino serial para que aumente irremediablemente la cifra de feminicidios, violencia doméstica y abusos de todo tipo en contra de las mujeres. Más allá de los costos políticos que esta serie pueda tener para sus impulsores, nadie que vea esta serie dejará de indignarse.

La violencia generalizada en el país parece normalizar los delitos perpetrados contra las mujeres, lo cual ya es indignante. Para que haya acción gubernamental y ciudadana al respecto, hay que iniciar por motivar a la solución del problema. La indignación que esta serie causa puede ser un detonante.

En forma conjunta, el 08/07/2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO de la Junta Directiva por el que se modifican las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), entidad que forma parte del Consejo de la Judicatura Federal. En su artículo 6 se dan atribuciones a las unidades administrativas para organizar, coordinar y dar seguimiento a los Observatorios ciudadanos en, al menos: a) Derechos de personas con discapacidad; b) Género y justicia; c) Derechos de personas privadas de libertad; d) Derechos de niñas, niños y adolescentes; y e) Derechos de personas en movilidad y sujetas a protección internacional.

Además, en el artículo 22 se dan atribuciones a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos para organizar, coordinar y dar seguimiento al Grupo de Trabajo de Combate a la Tortura, así como para realizar visitas a los centros de detención, cuando existan indicios de la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en perjuicio de personas representadas por el Instituto.

Más allá del éxito que tenga el proyecto de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, presentado por el actual presidente de la SCJN, se ha ampliado la acción legal del IFDP en beneficio de varios grupos minoritarios.

El Poder Judicial se ha abierto a la sociedad de maneras novedosas. Eso es histórico.