Ciudad de México. México y Estados Unidos han incumplido con sus compromisos ambientales para proteger los océanos, ponen en peligro la vida marina y a las comunidades de pescadores, ya que no han atacado la pesca ilegal, la recuperación de especies sobreexplotadas y la protección de hábitats y especies marinas como la ballena franca del Atlántico Norte que se encuentra en peligro crítico de extinción, señaló Oceana.

Mientras en Mérida se realiza la reunión anual de la Comisión de Cooperación Ambiental, con los ministros de medio ambiente de los tres países, Mariana Aziz, directora de la campaña de Transparencia de Oceana, recordó que México ha sido objeto de embargos comerciales en los últimos años y está perdiendo acceso a importantes mercados internacionales “porque no podemos demostrar el origen legal de nuestros productos del mar; esto no solo afecta a la economía nacional sino también a los pescadores que dependen de estos mercados”.

Mencionó que Estados Unidos tiene un embargo comercial sobre el pescado del Alto Golfo de California; prohibió desde febrero el ingreso a sus puertos de embarcaciones mexicanas provenientes del Golfo de México, y en 2021, entre abril yoctubre, México perdió su certificación para exportar camarón por no cumplir con los estándares para evitar la pesca incidental de tortugas marinas.

Llamó al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones con respecto a la pesca y la protección de los océanos establecidas en el T-MEC, para lo cual debe aprobar una norma de trazabilidad de pescados y mariscos para garantizar que el país no esté vendiendo productos derivados de la pesca ilegal; firmar el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto; y reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables (LGPAS) para que se obligue a las autoridades a recuperar las especies pesqueras sobreexplotadas, deterioradas o en colapso, especialmente aquellas que tienen importancia social y de las que depende un mayor número de personas.

También señaló que Estados Unidos no cumple con varias leyes ambientales para proteger a las ballenas francas del Atlántico Norte, que están en peligro crítico, y de las cuales quedan solo unas 330 ballenas. Las principales amenazas para esta especie son quedar atrapadas en redes de pesca y colisiones con embarcaciones.