El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica , Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, le concedió una suspensión definitiva a la trasnacional española Iberdrola Energía Monterrey (IEM) contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en mayo pasado la sancionó con 9 mil 145 millones de pesos por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento.

“Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución”, señala el acuerdo del juez Ramón Lozano Bernal, quien sólo dio a conocer el sentido del fallo, pero no hizo público el expediente.

El impartidor de justicia programó la audiencia constitucional para el 1 de septiembre de este año, donde resolverá si le otorga el amparo a la empresa.

El efecto de la medida cautelar es para que no se ejecute el cobro de la multa histórica que se le interpuso a Iberdrola, la cual se debe a que, presuntamente, la empresa vendía energía a otras firmas bajo un permiso que solamente le permitía generarla para autoabastecimiento.

Por ello el juez le concedió la suspensión luego de que acreditó y otorgó la garantía que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, el cual establece que las suspensiones contra cobro de contribuciones sólo surtirán efectos si se garantiza el monto respectivo, salvo casos donde el quejoso compruebe que se excede su capacidad económica.

A finales de mayo la CRE aprobó la RES/466/2022, la cual multa a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló a la firma privada de cobrar por la electricidad que generaba en la planta.

La empresa española impugnó en junio por 9 mil 145 millones de pesos que le impuso la CRE por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.