Contra la insurgencia o contra el narcotráfico, las guerras que ha emprendido el Ejército siempre han sido guerras sucias. Como sucedió en Guerrero, así en Chihuahua. Si hubiera que erigir un monumento al Ejército de aquellos años, sería a su impunidad.
La actitud de las fuerzas armadas se reveló luego del asalto al cuartel de Madera, el 23 de septiembre de 1965, conducido por el doctor Pablo Gómez y Arturo Gámiz. En el combate cayeron ocho guerrilleros y seis militares. A aquellos se les dio el trato de “gavilleros”, sus cuerpos fueron echados a la plataforma de un camión y sepultados en una fosa común. El párroco de la ciudad se negó a celebrarles cualquier rito religioso. En cambio, a los militares se les rindieron todos los honores. Se cumplió al pie de la letra la orden del gobernador, general Práxedes Giner Durán: “querían tierra, denles tierra hasta que se harten”.
Tres años después, un grupo de jóvenes formaron el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz, continuando el movimiento de Madera 65. Realizaron diversas acciones armadas e incendiaron el aserradero de Tomochi en julio de 1968. El Ejército emprendió una persecución implacable por toda la sierra. El 23 de agosto cayó luchando en una emboscada de los militares David Armendáriz Ponce. Los guerrilleros cruzaron hasta Sonora y ahí los cercaron los soldados. El 8 de septiembre fue acribillado muy cerca de Tesopaco José Luis Guzmán Villa y enterrado sin ataúd; el día siguiente, Óscar González Eguiarte y Arturo Borboa también fueron fusilados por el Ejército. Dos días después fueron capturados cerca de Ciudad Obregón, Guadalupe Scobel Gaytán y Juan Antonio Gaytán Aguirre, se les condujo a Tesopaco donde el Ejército también los ejecutó extrajudicialmente. El destino de todos los cuerpos fue la fosa común.
Así como actuó el Ejército contra la guerrilla rural, lo hizo contra la guerrilla urbana. En la década de los 70, muchas y muchos jóvenes chihuahuenses, que luchaban contra la violencia institucionalizada, pertenecientes tanto a Los Guajiros, como al Movimiento de Acción Revolucionaria y a la Liga 23 de Septiembre, fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, y tortura en diversos rumbos del país. El Campo Militar Número 1, la Brigada Blanca, las fuerzas de contrainsurgencia son los nombres del horror generado por un Ejército cuyo jefe máximo fue Luis Echeverría Álvarez.
Después vinieron los operativos enmarcados en la guerra contra las drogas, decretada por el presidente estadunidense Richard Nixon, impuesta a México y llevada a cabo con singular afán (y corrupción) por las autoridades mexicanas. Se pusieron en marcha el Plan Canador, en 1966; Fuerza de Tarea Cóndor, en 1977; Fuerza de Tarea Marte, en 1987, y los que siguieron.
En estos operativos la sierra de Chihuahua y otras zonas rurales del estado fueron un blanco central. Con la coartada de erradicar plantíos y de perseguir delincuentes, el Ejército cometió numerosos atropellos a los derechos humanos, sobre todo en las comunidades indígenas. Los soldados llegaban a las comunidades, golpeaban y torturaban, acosaban sexualmente a las mujeres, robaban ganado, detenían y trasladaban arbitrariamente a los dirigentes comunitarios. La justificación la expresó así el general comandante de la Fuerza de Tarea Marte: “ya no existen campesinos inocentes, todos están involucrados con el narco”.
Tanto atropello a los derechos humanos hizo que la diócesis de la Tarahumara se comprometiera en la denuncia. En 1977, el obispo jesuita José Llaguno dirigió una carta al procurador de la República protestando por los abusos, maltratos y asesinatos cometidos por los elementos de la Operación Cóndor y por la policía judicial. Luego emitió una carta pastoral sobre derechos humanos. En 1981, el padre Francisco Chávez, párroco de Baborigame, formó el Comité Parroquial de Derechos Humanos. Es el antecedente de la fundación, por parte del obispo Llaguno, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, COSYDDHAC, en 1988. Desde entonces la comisión ha sido un referente obligado de la denuncia y defensa de los derechos humanos en la sierra. Como fruto de su campaña “Tortura nunca más”, llevada a cabo entre 1989 y 1992, COSYDDHAC denunció un total de 213 casos de tortura, 27 de ellos perpetrados por militares.
Desgraciadamente, los casos de violación a los derechos humanos por parte del Ejército no cesaron en Chihuahua, a pesar del compromiso y la valentía de las comisiones de Derechos Humanos o los comités de Víctimas. La guerra calderonista contra el narcotráfico desató una nueva serie de violaciones. Entre 2008, fecha de inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, y 2011, se denunciaron mil 92 denuncias de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiacas o militares del operativo. La desaparición de los Alvarado, dos mujeres jóvenes y un hombre, en diciembre de 2009, es atribuida directamente a elementos del Ejército.
Las guerras sucias del Ejército han vulnerado la insurgencia justiciera de las y los jóvenes y a las comunidades defensoras de sus derechos. En las tierras arrasadas por los militares florecen ahora el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Efecto perverso o estrategia calculada?
