El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acusó a la activista Isabel Miranda de Wallace de estar fabricando pruebas en contra de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual, aseguró, ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El martes pasado, Miranda de Wallace emitió un comunicado exhortando a Zaldívar y al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) “a no estar confundiendo a la gente y abandonar su estrategia de decir que hubo manipulación de pruebas y apegarse únicamente a las constancias que obran en el expediente, ya que esto habla de falta de profesionalismo, objetividad y ética”.

Desde mayo, cuando la primera sala del tribunal constitucional decidió atraer un amparo de Juana Hilda González Lomelí –una de las acusadas de participar en el secuestro y desaparición del hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda–, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro inició una campaña de críticas en contra de la SCJN y el IFDP, que es parte del PJF y ha retomado la representación legal de varios de los presuntos involucrados en este caso.

Consultado sobre estas críticas, Zaldívar afirmó que no ha tenido ninguna intervención en los juicios sobre este caso, y que la decisión de atraer el caso de González Lomelí fue exclusivamente de los ministros de la primera sala.

“Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella. Y, por cierto, quiero decirles que tengo conocimiento que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la fama pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial federal, y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República, yo no tengo nada más que decir de la señora Wallace”, afirmó.

No quiso detallar contra quienes irían las pruebas supuestamente fabricadas por Isabel Miranda de Wallece, pero mencionó que se trataría de implicar a personas honorables en conductas de corrupción y tráfico de influencias.

“No nos va a afectar porque son mentiras y porque las pruebas son prefabricadas y porque es fácil, desde el punto de vista científico, demostrar que son fabricadas, entonces no nos va a afectar, ella quiere afectar, quiere extorsionar”, afirmó el ministro presidente.

El IFDP ha asumido la defensa de González Lomelí y otros imputados por el caso Wallace, partiendo de los indicios de que fueron torturados para inculparse y otras violaciones al debido proceso.