Colombo. Manifestantes antigubernamentales de Sri Lanka desafiaron ayer gases lacrimógenos, cañones de agua y la declaración de un estado de emergencia e irrumpieron en la oficina del primer ministro, tras la huida del país horas antes del presidente Gotabaya Rajapaksa.
Entre los reclamos de las protestas están las renuncias del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, y de Rajapaksa, quien prometió hacerlo ayer, acorralado por la peor crisis económica y política de la historia de esta isla al sur de India.
Pero pasada la medianoche, Rajapaksa no había anunciado aún su dimisión, por lo que goza de inmunidad presidencial.
Los manifestantes irrumpieron también en la sede de la televisión pública de Sri Lanka y aparecieron brevemente en emisiones al aire, según imágenes de esa cadena.
Wickremesinghe, nombrado presidente interino, pidió al ejército y a la policía “que hagan lo necesario para restablecer el orden” en una declaración televisada.
La Constitución prevé, en caso de renuncia del presidente, que el primer ministro asuma ese cargo de manera interina hasta la elección por el Parlamento de un diputado que ejercerá el poder hasta el final del mandato en curso, en noviembre de 2024.
Rajapaksa, de 73 años, partió junto con su esposa y un guardaespaldas a bordo de un avión Antonov-32 que despegó del aeropuerto internacional de Colombo, aseguraron funcionarios de migración.
La multitud continuaba ayer agolpándose en el palacio presidencial, tomado por manifestantes el sábado pasado, en una atmósfera festiva.
Rajapaksa está acusado de una mala gestión de la economía, llevando al país al caos y a una crisis profunda por la falta de divisas, lo que hace imposible financiar las importaciones de productos esenciales para la población de 22 millones de habitantes.
Sri Lanka declaró una moratoria de su deuda por 51 mil millones de dólares en abril y está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo.
Además, el país casi agotó sus reservas de combustible y el gobierno ordenó el cierre de las administraciones no esenciales y de las escuelas para reducir los desplazamientos.