A seis años del inicio de diversos procesos de organización y resistencia en contra de la industria porcícola, comunidades mayas de Yucatán lograron que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se comprometa a no otorgar más permisos para el establecimiento de mega granjas de cerdos en el estado.

En encuentro efectuado el 13 de julio en Kinchil, representantes de ocho comunidades afectadas por dicha actividad expusieron los impactos que esa industria causa a su territorio.

Al inicio de la reunión, uno de los integrantes del Consejo Maya del Poniente Chik’iin ja’ mencionó que se tiene que respetar el derecho a la libre determinación del pueblo maya y aquellas autoridades que no estén dispuestas a respetar dicho derecho, “se pueden dar la vuelta”, dijo.

Posteriormente los representantes de los pueblos expusieron el despojo de tierras que han enfrentado para la construcción de estas mega-fábricas, y la violación por parte de autoridades municipales, estatales y federales al otorgar permisos sin su consentimiento.

También la constante aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental sin rigor científico, los impactos que ha generado esta industria que ha deforestado montes, contaminado bienes naturales como los cenotes; y afectado sus prácticas culturales.

Uno de los reclamos principales, fue la falta de acción de las autoridades ambientales ante las constantes denuncias de los pueblos, situación que contrasta con el trato preferencial que les han dado a los empresarios porcícolas, así como la violación a su derecho a la libre determinación.

De manera particular, las y los representantes mayas reclamaron enérgicamente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) la colusión que el gobierno de Yucatán ha tenido con las empresas porcícolas, específicamente con la empresa Kekén, y el racismo que ha manifestado hacia los pueblos.

De igual manera, se recordó que, en noviembre de 2020, personas de más de 20 comunidades de la península denunciaron distintas afectaciones ambientales ante instituciones federales como el Consejo Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), la SEMARNAT, y a nivel estatal ante la SDS, sin que hasta la fecha se tenga información sobre estas denuncias.

Los pueblos mayas organizados lograron que la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, se comprometa a no otorgar ningún permiso más a las mega-fábricas de cerdos.

De igual manera, la funcionaria se comprometió a revisar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), a garantizar el proceso de participación de las comunidades en la determinación de sus ordenamientos territoriales; y a coadyuvar en la realización de estudios sobre la calidad del agua en aquellos territorios mayas afectados por la industria porcina.

Manifestación contra el Tren Maya

Este jueves 14 de julio, durante la reunión en Mérida entre ministros de México, Estados Unidos y Canadá para reforzar compromisos de proteger y mejorar el medio ambiente en América del Norte, activistas protestaron en contra del proyecto del Tren Maya.

Al grito de “¡Este tren no es maya, este tren es militar!” las y los manifestantes expresaron su inconformidad con esta mega obra; y en el Centro Internacional de Congresos (CIC) condenaron el “pseudo MIA” que lo hace posible.

“Este MIA está mal hecho, no se tienen los estudios ni los muestreos que se tienen que tener. Además de la ilegalidad del proyecto y los riesgos ambientales que representa, también hay prácticas genocidas llamando al tren ‘maya’”.

Para la portavoz del movimiento, el gobierno federal utiliza a la cultura maya como un producto, mercantilizándola una vez más; y arrebatando su fe y cultura para regresárselas como un producto.