La Secretaría de Salud (Ssa) aplica recortes de personal de los programas dirigidos a mujeres y adolescentes. Información oficial plantea como “optimización de recursos humanos” la salida de 65 por ciento de trabajadores de áreas de planificación familiar, violencia de género y salud materna. Para prevenir la violencia sexual en adolescentes había 63 sicólogos, pero desde julio no hay ninguno, denunció el Comité Nacional Feminista por la Salud Sexual y Reproductiva.

Integrantes del colectivo protestaron ayer frente a la antigua sede de la dependencia federal. Con carteles pegados en la reja denunciaron los ajustes y reprocharon que sean los dirigidos a atender a la población vulnerable.

Las activistas no pudieron hablar con ningún funcionario porque ya está desocupado el inmueble de la calle Lieja, en la colonia Juárez. Las oficinas de la Ssa se cambiaron a Acapulco, Guerrero.

Fuera de su competencia

Aquí, la titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Karla Berdichevsky, se ha limitado a contestar a las organizaciones civiles que el asunto está fuera de su competencia, pues son disposiciones del área financiera, aseveró Patricia López Romero.

Comentó que el mes pasado hubo noticias de la salida de trabajadores en Sonora, Puebla, Coahuila, Jalisco y San Luis Potosí, entre otros.

Aunque las autoridades podrían argumentar que las actividades continuarán, lo cierto es que los trabajadores de base “no están sensibilizados en los temas” de derechos sexuales y reproductivos ni en el trabajo de apoyo a adolescentes o población indígena.

La activista anticipó que no está garantizado el seguimiento de las acciones de prevención de embarazos adolescentes y violencia familiar y obstétrica. Para esta última, se contaba con 32 sicólogos que han trabajado en la promoción de buen trato hacia las mujeres gestantes. No quedará ninguno de estos especialistas y sus actividades serán transferidas a “líderes estatales”.

También había 129 sicólogos encargados de la reducación de víctimas y agresores de violencia de pareja. El documento oficial señala que esta tarea se asignará a “una sola persona por equipo”.

Otro asunto prioritario en la actual administración ha sido garantizar aborto seguro con ginecólogos, médicos generales y personal de enfermería. Había 70 trabajadores y quedarán 63, entre otras áreas afectadas.