Uno. Si la Divina Providencia o el Destino Manifiesto confirman sus vaticinios, el periodista australiano Julian Assange (fundador de WikiLeaks) puede aparecer en cualquier momento en Estados Unidos (EU) luego de que Priti Patel, ministra del Interior de Reino Unido (RU), aprobara su extradición el 17 de junio.

Dos. Queda confirmado, entonces, que para Londres sólo existe la “jurisdicción universal unilateral” de Washington, denunciada en varias ocasiones por Assange. Porque así funciona la “justicia británica” (sic): en sentido opuesto al ingenuo respeto que le merecía al paladín de los “librepensadores” George Owell, quien la calificó como “rasgo inglés que trascendía clases e ideologías”.

Tres. Falso. En 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres a pedido del juez Baltasar Garzón, con el propósito de extraditarlo a España y que fuera juzgado allí por sus fechorías. En dos ocasiones, la “inapelable” Cámara de los Lores (House of Lords), falló a favor de la extradición. Pero en marzo de 2000, tras ser atendido a cuerpo de rey, el gobierno “centro-izquierdista” de Tony Blair inventó una coartada por “motivos de salud” y el sátrapa regresó a Chile, donde nunca fue juzgado.

Cuatro. El “caso Assange” empezó en abril de 2010, cuando WikiLeaks difundió el nauseabundo video Asesinato colateral, grabado a bordo de un helicóptero de artillería en Irak (12 de julio de 2007), y mostrando el asesinato de 12 civiles en Bagdad, incluyendo dos periodistas de Reuters. Meses después, WikiLeaks publicó en varios periódicos prestigiosos más de 70 mil documentos militares secretos de Estados Unidos sobre su guerra en Afganistán, y en octubre otros 400 mil sobre Irak, revelando 15 mil muertos civiles más de los calculados por el Pentágono, junto con 250 mil cables diplomáticos con valoraciones sobre líderes mundiales y secretos acerca de los programas nucleares y de misiles de Irán.

Cinco. En agosto de 2010, a pedido de la “justicia sueca”, Assange fue arrestado en Londres por la supuesta violación de un par de jóvenes que, finalmente, retiraron los cargos. Pero en junio de 2012, olfateando la muerte en el aire, se refugió en la embajada de Ecuador. El presidente Rafael Correa le concedió asilo y carta de ciudadanía. Siete años más tarde, el gobierno ecuatoriano cambió y en junio de 2012, a pedido expreso de Washington, el presidente Lenín Moreno le retiró el asilo y Assange fue capturado.

Seis. Resulta interesante señalar que cuando Correa concedió el asilo, Estados Unidos ofreció asilar al periodista ecuatoriano Emilio Palacio (jefe de opinión de El Universo de Guayaquil), quien había acusado al presidente de “dictador” durante el intento de golpe de Estado (septiembre de 2010). Palacio acusó a Correa de cometer “…crímenes de lesa humanidad por haber ordenado disparar a sus tropas contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Una fake a todo pulmón. Palacio no mostró evidencia de nada, y El Universo recibió el “prestigioso” premio Moors Cabot...

Siete. En Estados Unidos, demócratas y republicanos acusan al periodista australiano de ser “agente de un Estado protofascista (Rusia, of course), y de minar la democracia”, según Neera Tanden, directora del “progresista” Center for American Progress, así como de haber cometido 17 presuntos delitos según la ley de espionaje de… 1917. Léase: el delito de haber abierto una brecha en el muro de silencio político-mediático del imperio.

Ocho. La entrega de Assange estaba pactada desde 2017, cuando Donald Trump envió a Paul Manafort (hoy encarcelado por corrupción) “…para operar un trueque con Lenín Moreno” (léase retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales). De su lado, la poderosa Henry Jackson Society, de RU (integrada, entre otros, por la ultraconservadora Priti Patel), acusa al fundador de WikiLeaks de “…sembrar dudas sobre la posición moral de los gobiernos democráticos occidentales con apoyo de regímenes autocráticos” (sic).

Nueve. El banquero Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, declaró en junio pasado: “Respetamos el fallo de los tribunales de RU y como país daremos todas las facilidades que correspondan de acuerdo con aquel fallo”. Así las cosas, la extradición de Assange puede tener lugar mañana, la semana entrante o antes de las elecciones que en noviembre decidirán qué facción de la extrema derecha estadunidense se queda con la mayoría del Senado. Trump lo quiere muerto, y Joe Biden lo calificó de “terrorista tecnológico”.

Diez. Si tal fuera el caso (a nuestro entender, “sí o sí”), Assange se enfrentará a un simulacro de juicio, con dos sentencias posibles: pena de muerte o 175 años de prisión. Tal sería la suerte del fundador de WikiLeaks, que en estos momentos continúa pudriéndose en el penal londinense de Bermash, que compite con el de Guantánamo en técnicas de tortura y exterminio en cámara lenta.

Once. Con todo, la esperanza es lo último que se pierde. No hay que olvidar que Washington retiró a Nelson Mandela de su lista de “terroristas” en julio de 2008. O sea, 14 años después de que el líder de la lucha contra el apartheid y Nobel de la Paz (1993) ejerciera la presidencia de Sudáfrica (1994-99).