El gobierno debe aplicar la justicia a los grupos armados en el caso del conflicto entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó, afirmó la relatora para México y Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien este martes inició una visita a la zona.

“Hay una necesidad y en eso las autoridades pueden trabajar en la investigación, con el compromiso de detener a los responsables de estos hechos porque le quitan la vida a la gente y ese es un derecho que hay que proteger, el derecho a la vida”, dijo en entrevista al finalizar una reunión privada en la localidad de San Pedro Cotzilnam con pobladores de Aldama afectados por la violencia.

Refirió que para ella es fundamental que se realice una investigación que lleve a identificar a los responsables y que sean sancionados por lo que hicieron. Aunque haya otras necesidades, lo principal es detener a esas personas, insistió.

Arosemena visita la región para constatar la aplicación de las medidas solicitadas por la CIDH para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama.

Los representantes de las 12 comunidades beneficiarias de las medidas cautelares número 284-18 de la CIDH y los representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados manifestaron: “Lo único que pedimos es vivir en paz y poder retomar nuestras vidas cotidianas para que la niñez vuelva a las aulas, que el tránsito sea libre, sin miedo, ir a nuestras parcelas y no ser cazados como animales”.

Recordaron que “todo empezó por la disputa 60 hectáreas, lo que ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, a la migración de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas, y también se han perdido cosechas por el abandono a consecuencia de las agresiones, lo que provocó desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, así como varios heridos y fallecidos”.Exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares que han solicitado, además de “libertad inmediata e incondicional para nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez; indemnización y reparación del daño a su persona; cancelación de las órdenes de aprehensión de los representantes de los 115 comuneros desde que empezó este problema; seguimiento en atención médica, sicológica y rehabilitación de los heridos de gravedad y que los tres niveles de gobierno apoyen con recursos médicos e indemnización a los heridos y deudos de los muertos desde el 8 de mayo de 2021 a la fecha, así como por la pérdida de cosechas”.

La comitiva de la CIDH realizó un recorrido por las comunidades de Tabac y Cocó, dos de las más afectadas por la violencia ocasionada por grupos armados de Santa Martha, Chenalhó.

Esta visita se da dentro del marco de una serie de conflictos no solamente por derechos agrarios, “sino de una abierta disputa por el control territorial” en la que están involucrados grupos armados, de acuerdo con lo que ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Dicha organización registró que de enero a abril de 2022 se reportaron mil 95 ataques con armas de grueso calibre en contra de comunidades de Aldama, y desde abril del año pasado –cuando la CIDH emitió las medidas cautelares– hasta finales de abril de 2022, tres personas habían sido asesinadas por disparos.

Por su parte, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, sostuvo que el gobierno federal “acompaña y brinda todas las garantías para la implementación de la visita que realiza el equipo de la CIDH”, la cual se llevará a cabo del 11 al 15 de julio.