Ciudad de México. Por violaciones a los derechos humanos, falta a la debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado, en agravio del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio de 2021 en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al gobernador Alejandro Murat y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

La CNDH recabó elementos que permiten corroborar “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones” de, al menos, 15 personas servidoras públicas: 11 de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; una más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad.

Documentó que el periodista había sufrido y denunciado agresiones, amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al citado mecanismo de protección.

En la Recomendación 121/2022, la CNDH expone que pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la víctima enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron.

Ante ello, señala que existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que “omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, a fin de implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Además, indica que las autoridades responsables omitieron cumplir con el deber de cuidado en apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a los procedimientos que establece su reglamento, con lo que se acredita que el desempeño como servidores públicos fue negligente.

Advierte “la preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”.

Frente a tales hechos, la CNDH pide la inmediata reparación integral del daño a las personas familiares directamente afectadas por el lamentable homicidio del periodista.

A la Secretaría de Gobernación le solicita que colabore con su Órgano Interno de Control para el seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables, para que se investiguen y sancionen las probables faltas administrativas.

Asimismo, se deberá implementar un curso integral de capacitación al personal directivo que, por sus funciones, sea responsable de la atención y seguimiento de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, y de la determinación, implementación y seguimiento de medidas urgentes de protección en favor de personas periodistas.

Al gobernador Murat se le pide que ofrezca una disculpa pública, cuyo objeto sea establecer la verdad de los hechos, el reconocimiento de responsabilidad institucional, restablecer la dignidad de la víctima en su labor periodística, y establecer el compromiso institucional para la no repetición de hechos similares. Además, se pide la colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de esa entidad, en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente por las probables faltas cometidas por personas servidoras públicas del gobierno del estado.

Las autoridades del gobierno de Oaxaca también deberán impartir un curso sobre derechos humanos y medidas de protección y prevención en favor de personas periodistas.