La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá mañana si mediante un juicio de amparo se pueden imponer compensaciones económicas como medida para la reparación del daño a favor de las víctimas por malas prácticas médicas y otros casos de violación a los derechos humanos cometidos por particulares.

La decisión sentará jurisprudencia, pues se trata de una contradicción de criterios entre dos tribunales federales.

El caso 217/2019, denunciado por Christus Muguerza, empresa que administra hospitales privados en el norte del país, señala que tribunales colegiados han emitido sentencias contradictorias en diferentes juicios por malas prácticas médicas, pues mientras algunos magistrados los obligaron a compensar económicamente los daños, otros desestimaron esta medida.

La compañía sostiene que una sentencia de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad o administrativa del demandando, lo cual es materia de otro tipo de juicio.

El caso está listado para votarse en la primera sala del máximo tribunal; el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no se ha difundido.

La imposición de compensaciones económicas como parte de la reparación del daño es norma en los casos de amparo en los cuales el Estado es responsable, pero en la legislación mexicana no se ha establecido un criterio único cuando el causante es un particular.

Esto aun cuando el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y varios fallos de la Corte Interamericana incluyen esta compensación como parte de la reparación integral de daños.

La definición de la SCJN determinará no solamente si en un juicio de amparo es posible establecer compensaciones económicas, sino también otras alternativas de satisfacción, como medidas de no repetición, disculpas públicas o de conmemoración a las víctimas, para la reparación integral del daño que sufrieron.

El máximo tribunal tiene pendientes por resolver las contradicciones 351 y 388, ambas de 2018, sobre el mismo tema.