Desde hace dos meses la alcaldía Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, tenía conocimiento de la operación de un negocio de tacos en la sede distrital del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo uso de suelo es habitacional y no comercial.

Manuel Palacios, vecino de la demarcación, fue quien interpuso la denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), y quien se encargó de hacer del conocimiento de la alcaldía la irregularidad cometida por el director de Derechos Humanos de la demarcación, Juan Carlos Vázquez, uno de los dueños del restaurante.

“Yo personalmente se lo hice saber al director Jurídico, Alberto Ortiz, en una mesa de trabajo con vecinos; también estuvo Obdulio Ávila, director general de Gobierno. Les presenté los documentos, les dije que el negocio era de su director y ellos dicen que sólo cuentan con dos verificadores para la alcaldía, que es muy grande”, dijo Palacios, quien se congratuló de la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de solicitar al Instituto de Verificación Administrativa revisar el uso de suelo.

Incluso el presidente del comité del PRI en la demarcación, Alan Alvarado, tenía conocimiento de la ilegalidad del predio ubicado en avenida Centenario 45. Así lo admitió en un video transmitido en sus redes sociales el primero de junio, cuando informó de una notificación sobre una contravención al uso de suelo habitacional.

En otro tema, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales inició una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el uso de un vehículo que portaba un permiso especial de 90 días para circular, presuntamente irregular, cuando acudió la semana pasada al Tribunal de Justicia Administrativa.

La alcaldesa argumentó que el documento aparentemente fue expedido por la Secretaría de Movilidad y estaba adherido al cristal frontal de la camioneta de alta gama, por lo que se indaga su autenticidad y determinar si existen probables anomalías.

Mientras, el agente del Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta iniciada por la presunta comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores, informó la Fiscalía General de Justicia.