Pese a la suspensión que les otorgó la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo de Valentina Batres, se ha dado a la tarea de calcular el monto que el Congreso capitalino debe entregar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el cual asciende a más de 400 millones de pesos.

La diputada de Morena explicó que se llegó a esa cifra a partir del ordenamiento de los magistrados electorales, quienes pidieron entregar un número de recursos considerando la diferencia del presupuesto asignado del IECM en los ejercicios presupuestales de 2019 y 2022, así como la inflación; con base en ello, se llegó a la cantidad de 224 millones 395 mil 145 pesos, la cual se suma a los más de 198 millones de pesos que originalmente impugnó el organismo electoral en enero pasado.

Al calificar la cantidad de “irrisoria”, la diputada explicó que conforme a la Ley de Ingresos local aprobada anualmente, se obtienen recursos que se van ministrando cada tres meses a las dependencias. Recordó que los legisladores aprobaron una proyección de ingresos para este año de más de 234 mil millones de pesos, los cuales se dividen en las entidades que forman la administración pública local a fin de atender programas sociales y seguridad, entre otros rubros.

Además, dijo, la ley es clara en cuanto al incremento de recursos de las dependencias, pues se debe explicar el origen de los ingresos y su destino.

“¿A quién le quitamos recursos?, ¿al Congreso?, ¿y con qué pagamos la nómina del Congreso?, ¿con qué pagamos el tóner?, ¿con qué pagamos los servicios que el Congreso ya se comprometió?, (…). Ahora, ¿de dónde recortamos recursos?, ¿le aumentamos impuestos a la gente para pagar la nómina del Instituto Electoral?”, preguntó Batres, quien afirmó que es “descabellada” la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues además fue dictada a medio año cuando los recursos ya se encuentran comprometidos.

Al preguntarle sobre que los consejeros electorales han declarado que ya no tendrán dinero para pagar el financiamiento público a partidos políticos y contratos de servicios en el último trimestre del año, Batres negó que sea cierto, ya que el presupuesto se entrega en ministraciones. Incluso dijo que es responsabilidad del propio Consejo General haber decidido no pagar las prerrogativas a los institutos políticos.